El exalcalde de Vitacura, Raúl Torrealba, imputado en un caso de corrupción, solicitó la reapertura de la investigación penal en su contra, una jugada que incluye la petición de nuevas diligencias sobre su propio círculo cercano. Esta solicitud surge justo después de que la Fiscalía Centro Norte presentara una acusación buscando una condena de 26 años de cárcel en su contra.
Los delitos imputados al exjefe comunal son fraude al fisco, lavado de dinero, declaración maliciosamente incompleta de impuestos y obtención indebida de devoluciones tributarias. Se estima que su accionar habría generado un perjuicio fiscal ascendente a $72.943.166.
La defensa de Torrealba argumenta que la investigación iniciada en 2023 carece de consistencia, señalando que faltan diversos puntos por indagar que serían cruciales para el desarrollo del caso. Esta postura busca, en la práctica, retomar un proceso que ya había avanzado hacia la fase judicial.
Entre las nuevas diligencias solicitadas por los abogados de Torrealba, destaca la obtención de antecedentes desde 18 organismos públicos y privados. Esta lista incluye entidades clave como la Municipalidad de Vitacura, la Contraloría General de la República, el Servicio de Impuestos Internos, así como conservadores de bienes raíces, entidades previsionales, isapres e instituciones bancarias, lo que demuestra la amplitud de la pesquisa que se pretende.
Pero la petición más llamativa es la que solicita profundizar la investigación sobre las cuentas bancarias y movimientos financieros de exfuncionarios que figuraban en el círculo de confianza del imputado. De hecho, la defensa no solo apunta a sus excoimputados, sino que extiende la necesidad de indagación a los familiares de dichas personas, buscando posibles nuevos antecedentes.
Alejandro Espinoza, abogado querellante por la Municipalidad de Vitacura, se refirió a la solicitud en una conversación con La Tercera. Él reconoció que “
Corresponde a un un derecho que puede ejercer y deberá ser evaluada su pertinencia por el tribunal
”. Sin embargo, fue enfático en la necesidad de que “
cualquier diligencia pendiente planteada por la defensa sea pertinente y no dilatoria
”. Espinoza concluyó su intervención subrayando que esto es “
A objeto de que la causa avance a juicio oral a la brevedad
”.
El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago ya fijó una audiencia para el 13 de julio donde se discutirá la petición de Torrealba y su equipo. Dicho día coincidirá con la preparación del juicio oral, lo que podría generar una tensión adicional y potencialmente retrasar la resolución final de este mediático caso de corrupción que ha afectado a la comuna de Vitacura.
