El gobierno presentó el nuevo Registro Nacional de Actos Vandálicos e Incivilidades como un plan de seguridad pública, pero la iniciativa esconde una arquitectura de castigo adicional sin precedentes en Occidente. Este mecanismo busca controlar conductas bajo el criterio político del gobernante de turno, superando las facultades sancionatorias de los tribunales de justicia.
La lógica interna de la propuesta equipara delitos de extrema gravedad con infracciones menores. En la práctica, el proyecto da el mismo trato a quien asesina a un carabinero que a quien evade el pasaje de la micro, y asimila el uso de explosivos con la venta callejera sin patente o la toma de un colegio con desórdenes públicos. Quienes ingresen a este registro sufrirán hasta quince consecuencias inmediatas, como la pérdida de su beca universitaria, el subsidio de vivienda, el pasaporte, la licencia de conducir, la pensión garantizada, el Pase Cultural y la tarjeta BIP estudiantil.
Para evitar el cuestionamiento del principio non bis in idem —que impide condenar dos veces a una persona por el mismo delito—, el Ejecutivo catalogará estos castigos como «medidas administrativas». De este modo, se configura una doble condena donde la primera la dicta un juez y la segunda la impone un criterio político, restando atribuciones al poder judicial.
Además, la propuesta evidencia que las mayores sanciones protegen la institucionalidad estatal antes que a la población general. El registro contempla castigos severos ante el asesinato de un fiscal o policía, pero excluye el homicidio de un ciudadano común. Al contrario de entregar seguridad real, el sistema llega después de la condena, cuando el daño ya ocurrió, añadiendo exclusión del sistema educacional, previsional, de vivienda y de transporte.
