La actual crisis desatada por el paradero desconocido de cientos de niños haitianos en Chile obliga a recordar lo ocurrido hace casi una década, en pleno auge de la llegada masiva de inmigrantes desde la isla caribeña. En ese período, una de las imágenes más repetitivas en los controles de frontera era la de viajeros portando misteriosos sobres amarillos, de tamaño carta u oficio, cuyo contenido real generaba múltiples interrogantes en la opinión pública.
Según revelaron fuentes de la Policía de Investigaciones (PDI) en aquel entonces, los viajeros traían en el interior de estos sobres sus documentos personales, una reserva de hotel y dinero en efectivo. Este capital físico era indispensable para acreditar solvencia económica ante Policía Internacional y asegurar su ingreso como turistas, en un contexto donde bancarizarse no representaba una opción real para los habitantes de Puerto Príncipe.
En marzo de 2018, el entonces director ejecutivo de la Fundación Fré, José María Del Pino, explicó a Emol que en el país caribeño operaban agencias dedicadas exclusivamente a incentivar la migración ilegal hacia el sur del continente. Estas organizaciones comerciales vendían paquetes completos y prestaban de manera informal el dinero en efectivo que los viajeros no poseían, el cual debía ser reembolsado una vez establecidos en Chile con tasas de interés que alcanzaban hasta un 10%.
«Nosotros tenemos información de migrantes que nos han contado directamente que, a cambio de eso, sus familias quedan amenazadas en Puerto Príncipe. Ellos tienen que pagar las remesas y el dinero que les prestaron para sacar la amenaza que pesa sobre sus familias»
Del Pino fue enfático en señalar que el origen del problema no eran las víctimas de este sistema. «No son los migrantes el problema, no es que el Estado esté recibiendo plata de la ONU en esos sobres», aclaró, apuntando a las asociaciones ilícitas que se enriquecían a costa de la desesperidad de la población haitiana. Asimismo, recalcó que las autoridades de Chile no contaban con potestad legal para fiscalizar estas operaciones abusivas, debido a que todo el proceso logístico y financiero se ejecutaba directamente en Puerto Príncipe.
Paralelamente, el flujo migratorio consolidó una lucrativa red comercial para los operadores de vuelos chárter. Una investigación periodística de Ciper Chile detalló la irrupción de Mongolian Airlines (MIAT), la línea aérea estatal de Mongolia, que consiguió trasladar a 2.542 personas solo durante enero de 2018. La firma asiática había pactado en noviembre de ese año un convenio con la empresa haitiana Sunrise Airways para canalizar los traslados a Santiago, un trato gestado en 2017 por intermedio de la corredora de vuelos chipriota Zela Aviation.
El Boeing mongol operaba mediante un sistema de arriendo que incluía pilotos y tripulación propia. En la losa del aeropuerto de Santiago, la aeronave fue rebautizada informalmente como «El coyote», haciendo alusión directa al tráfico ilegal de personas en la frontera norteamericana.
Otras empresas aéreas también quedaron bajo el radar judicial por su rol en el traslado masivo de extranjeros. Entre ellas figuró Dynamic International Airways, cuyo caso escaló en redes sociales tras la filtración de un video donde se observaba el desembarco de cerca de 300 ciudadanos haitianos en un solo vuelo. En el plano local, se identificó la participación de la empresa chilena One Airlines, controlada por el empresario de la industria salmonera y de Casinos Dreams, Claudio Fischer. ¿Podrán los nuevos antecedentes judiciales desenredar las redes que lucraron con el sueño de miles de migrantes?
