Una querella criminal presentada por un parlamentario junto a la diputada por Antofagasta, Marcela Hernando, busca esclarecer la manipulación de 26.875 toneladas métricas de cobre fino destinadas a inflar de manera artificial el ejercicio de Codelco para el año 2025. Este preocupante escenario, catalogado como uno de los incidentes más complejos que ha vivido la minera estatal en su historia reciente, obligó a las autoridades a iniciar una revisión exhaustiva sobre el pago de incentivos variables que ascienden a aproximadamente US$14,3 millones, provocando además un severo e innegable daño reputacional a nivel corporativo.
La acción judicial presentada apunta a determinar las responsabilidades penales detrás de este montaje. La gravedad de la situación aumentó tras la filtración de diversos correos electrónicos institucionales que evidencian las fuertes presiones internas ejercidas para alcanzar a toda costa las metas productivas fijadas al cierre de 2025. Estos antecedentes demuestran que existieron oportunas advertencias técnicas que alertaban sobre la imposibilidad de respaldar tales cifras, las cuales fueron ignoradas para forzar un resultado artificialmente elevado.
La investigación penal se encuentra actualmente en manos del fiscal regional de O’Higgins, Aquiles Cubillos, quien cuenta con experiencia previa en el funcionamiento interno de la corporación debido a otras indagatorias previas. Para los querellantes, resulta inaceptable que un hecho de esta envergadura sea minimizado como un mero desajuste contable o una simple falta administrativa, exigiendo que se investigue hasta las últimas consecuencias.
Este caso pone de manifiesto problemas estructurales históricos que debilitan a la compañía estratégica. La estatal ha enfrentado una caída sostenida en su producción, incrementos significativos en los costos operativos, retrasos críticos en sus proyectos estructurales y un alarmante sobreendeudamiento. Durante décadas, la minera ha sido tratada como una suerte de «vaca lechera» por los sucesivos gobiernos, los cuales le exigieron millonarios aportes para financiar el gasto público mientras postergaban las inversiones necesarias para sostener su competitividad, manteniéndola hoy muy lejos de la meta de dos millones de toneladas proyectada hace diez años.
La complejidad para fiscalizar la gigante estructura corporativa de Codelco agrava la situación, ya que ni la Cámara de Diputados ni Cochilco disponen de las facultades ni herramientas suficientes para realizar una auditoría integral. Por esta razón, se ha planteado de forma urgente la creación de una comisión externa de expertos de alto nivel, tanto nacionales como internacionales, que examine exhaustivamente las finanzas, contratos, dotación y productividad de la empresa.
Finalmente, quienes defienden el carácter público de la minera advierten que este deterioro progresivo es utilizado por ciertos sectores para resucitar propuestas de privatización, lo que califican como un profundo error histórico. De acreditarse que se obtuvieron beneficios económicos mediante metas falsas, dichos recursos deberán ser restituidos íntegramente al Estado para proteger el patrimonio de todos los chilenos.
