El debate sobre la convivencia civil en Chile sumó un hito clave con el proyecto de ley que crea el Registro Nacional de Actos Vandálicos e Incivilidades. Esta propuesta apunta de manera directa a resolver una persistente sensación de injusticia: la idea de que los ciudadanos que respetan las normas terminan asumiendo los costos de quienes deciden destruirlas de forma impune.
La iniciativa surge en un contexto donde los daños a la infraestructura pública, los establecimientos educacionales tomados o vandalizados, los ataques a Carabineros y las usurpaciones han mermado de forma constante la calidad de vida de miles de familias chilenas. Ante esta realidad, el proyecto busca fijar un estándar básico en el que la destrucción de los espacios públicos conlleve consecuencias concretas que superen la mera sanción penal tradicional.
El principio rector detrás de la medida establece una base ética para la convivencia democrática nacional:
«No puede dar lo mismo destruir que cuidar. Quienes respetan las normas, trabajan, estudian, pagan sus impuestos y contribuyen al desarrollo de sus comunidades tienen derecho a esperar que el Estado proteja los espacios públicos y haga cumplir las reglas.»
Bajo esta premisa, quienes resulten condenados por actos vandálicos graves o conductas que vulneren severamente la convivencia y el patrimonio común enfrentarían restricciones directas para acceder a beneficios financiados con recursos de todos los chilenos. Entre estas limitaciones se incluye la imposibilidad temporal de postular a subsidios habitacionales y obtener becas educacionales mientras se mantenga vigente su inscripción en el registro estatal.
Los promotores de la iniciativa enfatizan que no se trata de una persecución ideológica ni de negar derechos fundamentales, sino de restablecer una correlación de responsabilidades frente al patrimonio común. Se argumenta que los contribuyentes que aportan con sus impuestos tienen el derecho de exigir que el Estado proteja sus entornos y sancione eficazmente a quienes destruyen de forma deliberada.
La discusión legislativa evoca inevitablemente episodios recientes que provocaron un profundo rechazo social en la ciudadanía. Durante la revisión de las pensiones de gracia entregadas a personas involucradas en el estallido social, se constató que varios de los beneficiarios contaban con condenas por delitos de carácter grave, lo que instaló una interrogante sobre los mensajes de impunidad que se entregan a la sociedad.
El debate de fondo plantea que la impunidad debilita directamente la confianza ciudadana en las instituciones democráticas. De este modo, la creación del registro no se proyecta únicamente como un mecanismo de control administrativo, sino como una herramienta que busca reconstruir una cultura cívica de respeto por las normas y los espacios de uso público en el país.
