Un preinforme de la Contraloría General de la República, revelado originalmente por La Radio, detectó el ingreso irregular de cientos de niños haitianos a Chile entre los años 2023 y 2024. Esta grave situación de vulnerabilidad ya había sido alertada un año y medio antes por el entonces diputado Juan Manuel Fuenzalida, sin que las autoridades gubernamentales ni policiales activaran mecanismos de control eficientes.
El *modus operandi* consistía en el arribo de vuelos chárter al Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez en horarios de madrugada, específicamente alrededor de las 2:00 AM. En estas aeronaves, pertenecientes a aerolíneas desconocidas y que operaban sin listas completas de pasajeros, viajaban decenas de menores de edad acompañados de apenas uno o dos adultos, amparándose en la figura legal de la reunificación familiar. Hoy, las alarmas se encendieron de forma definitiva al confirmarse que más de 200 niños se encuentran actualmente con paradero desconocido.
La situación ha dejado en evidencia una cadena de omisiones institucionales. Organismos clave como el Ministerio del Interior, el Servicio Nacional de Migraciones, la Policía de Investigaciones (PDI) y el Ministerio Público recibieron advertencias y oficios formales sin reaccionar de manera oportuna. Incluso los funcionarios de la Asociación de Funcionarios de Seguridad (APSEC) de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) informaron sobre estas anomalías de forma sistemática.
En entrevista con Tomás Mosciatti en BioBioTV, Fuenzalida apuntó directamente a redes internacionales:
«No dudo que el crimen organizado está detrás de esta operación»
El exparlamentario explicó que dedicó un mes y medio a investigar el tema antes de fiscalizar vía oficios. En esa línea, detalló que planteó su preocupación de forma personal al entonces subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, y al propio presidente Gabriel Boric, recibiendo respuestas evasivas.
De acuerdo con la tesis de Fuenzalida, organizaciones delictivas transnacionales como el Tren de Aragua o el brasileño Primer Comando Capital buscan penetrar puertos, aeropuertos y la banca nacional. Bajo esta hipótesis, la supuesta reunificación de menores se utiliza como fachada para regularizar a migrantes adultos de forma fraudulenta, con la proyección de que estos luego utilicen la Visa Waiver para ingresar a Estados Unidos, una sospecha que, según relató, también compartían agentes del FBI con los que se reunió.
Finalmente, el exlegislador cuestionó la falta de prolijidad en el control migratorio ejercido por la policía civil en el terminal aéreo:
«Cuando salgo del país, yo soy papá separado, tengo que salir con una autorización notarial y me revisan la libreta familia y aquí entraban treinta, cuarenta niños con un adulto y nadie decía nada.»
Con el escándalo instalado en la agenda pública, las mismas entidades estatales que omitieron las denuncias iniciales han anunciado la apertura de investigaciones y comisiones fiscalizadoras para intentar ubicar a los menores y delimitar las responsabilidades políticas e institucionales del caso.
