La entrega de residencias temporales a ciudadanos haitianos alcanzó un nivel sin precedentes durante el año 2024, desatando una investigación de la Fiscalía ante la imposibilidad de localizar a menores que ingresaron bajo programas de reunificación familiar. Según registros del Servicio Nacional de Migraciones, entre 2022 y 2025 se otorgaron 28.522 permisos, con un incremento abrupto que ha levantado alertas sobre la trazabilidad y los controles fronterizos.
La evolución de las cifras muestra un patrón inusual. En 2022 se concedieron 6.804 residencias, cifra que bajó a 4.508 en 2023. Sin embargo, en 2024 la cifra se disparó a 10.412 visas, duplicando el registro previo. Para 2025, bajo el mando de Gabriel Boric, el flujo descendió a 6.808 permisos, luego de que el entonces director Luis Thayer Correa ordenara suspender las visas por reunificación tras advertencias de la DGAC y la Policía de Investigaciones.
Menores bajo la lupa y fallas en la trazabilidad
El perfil de los beneficiarios es uno de los puntos más críticos de esta indagatoria. De las autorizaciones otorgadas en el cuatrienio, cerca de 18 mil corresponden a menores de edad. En detalle, se entregaron residencias a 9.128 mujeres menores y 8.810 hombres del mismo rango etario. La Contraloría detectó que, en múltiples casos, los domicilios declarados no correspondían a la realidad y los ocupantes desconocían el paradero de los menores.
El informe administrativo de la Contraloría evidenció falencias críticas en la verificación de antecedentes, dudas sobre los vínculos de parentesco declarados y la ausencia de los menores en los domicilios registrados tras las visitas de fiscalización.
La logística detrás de estos ingresos también genera dudas, especialmente por el costo de los vuelos chárter desde Puerto Príncipe a Santiago, valorados en hasta 120 mil dólares por operación. Esto ha llevado a los investigadores a cuestionar si existió una estructura organizada con fines de lucro detrás de estos traslados masivos.
El rol de la OIM y el contexto migratorio
Aunque en 2018 se firmó un convenio entre el Estado de Chile y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) para apoyar estos procesos, dicho acuerdo dejó de estar vigente poco después. Informes señalan que, durante el peak de visas en 2024, la OIM no operaba en la coordinación administrativa, dejando la tramitación exclusivamente en manos del consulado chileno en Haití.
El crecimiento de la comunidad haitiana en Chile ha sido explosivo: de 1.641 personas en 2011 pasaron a 179.091 en 2018. Al cerrar 2022, la cifra alcanzaba los 184.721 residentes, concentrados en un 62,6% en la Región Metropolitana. A pesar de estos datos, el Estado aún busca determinar el paradero de los cientos de menores que, tras obtener su permiso de residencia, parecen haber desaparecido del radar de las autoridades, una interrogante que sigue abierta en el escenario político actual bajo la administración de José Antonio Kast.
