La diputada y presidenta de la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputadas y Diputados, Joanna Pérez, oficializó la citación del exdirector del Servicio Nacional de Migraciones, Luis Thayer. La medida busca que la exautoridad entregue explicaciones concretas respecto a las severas irregularidades detectadas en el ingreso de niños haitianos al país, hechos que hoy están siendo indagados por el Ministerio Público.
La responsabilidad del Estado ante menores
Para la parlamentaria, el foco del conflicto radica en la vulnerabilidad de los afectados. Joanna Pérez enfatizó que el Estado mantiene una responsabilidad imperativa en la protección de los menores de edad involucrados en este caso.
Estamos hablando de una situación extremadamente delicada. Cuando se trata de niños y niñas, el Estado tiene una responsabilidad aún mayor. Por eso esperamos que se esclarezcan completamente los hechos, se determinen responsabilidades y se adopten las medidas necesarias para que situaciones como estas no vuelvan a ocurrir.
Esta instancia de fiscalización no ocurre de forma aislada. La gestión de Luis Thayer ya enfrentaba cuestionamientos previos, específicamente por la entrega errónea de cédulas de identidad a extranjeros que no cumplían con los requisitos legales establecidos por la normativa vigente.
Investigación y posibles redes organizadas
La diputada insistió en que el escenario actual requiere transparencia absoluta. Al respecto, señaló: “Esperamos que el exdirector concurra a la comisión y entregue todas las explicaciones que el país merece. Ya existían cuestionamientos por las cédulas entregadas erróneamente y ahora se suman antecedentes graves relacionados con el ingreso de menores haitianos”.
Las dudas sobre el proceso surgen tras los reportajes de BBCL Investiga, que revelaron oficios enviados por Thayer a la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC). En estos documentos, la exautoridad alertaba sobre la llegada de vuelos con niños haitianos, llegando incluso a plantear la sospecha de una red organizada tras el movimiento de menores. Sin embargo, también han surgido críticas sobre alertas previas que habrían sido desoídas dentro de la misma repartición de Migraciones.
Por su parte, la DGAC ha deslindado responsabilidades, aclarando que su rol es netamente técnico y se limita a la autorización de operaciones aéreas, sin competencias en el control migratorio. Ante esta disputa de atribuciones, Joanna Pérez concluyó que es urgente revisar los protocolos de todas las instituciones involucradas: “Chile necesita una política migratoria seria, ordenada y segura. Eso implica proteger adecuadamente a los niños, resguardar la fe pública y garantizar que las instituciones actúen con el máximo rigor”. El caso continúa abierto y se espera que la comparecencia de Thayer sea clave para determinar si existió negligencia institucional o una falla mayor en los controles fronterizos del país.
