El reciente caso de menores haitianos desaparecidos en el país no es un hecho aislado, sino la consecuencia de años de advertencias desoídas. Una cadena de oficios formales enviados por la Defensoría de la Niñez a diversas autoridades demuestra que, al menos desde 2023, existían señales claras sobre los peligrosos vacíos en el sistema de protección y control migratorio de menores.
La cronología de las alertas ignoradas
La seguidilla de advertencias comenzó el 31 de enero de 2023, mediante el Oficio N°133/2023, donde la institución denunció la “insuficiencia de la respuesta estatal”. La propuesta era crear una mesa técnica para un protocolo de regularización integral, la cual fue acogida inicialmente pero abandonada pronto. En mayo de ese año, el Oficio N°497/2023 reiteró la falta de continuidad, recibiendo un silencio absoluto como respuesta.
El 30 de octubre de 2023, el Oficio N°007/2023 puso el foco en la coordinación ante expulsiones administrativas. Aunque hubo una respuesta formal en noviembre, esta careció de soluciones operativas reales, confirmando la ausencia de un sistema robusto para menores en movilidad humana.
2024: el año de las solicitudes sin respuesta
Durante el año 2024, la insistencia de la Defensoría ante la administración de Gabriel Boric se mantuvo sin frutos. En agosto, el Oficio N°1355/2024 alertó sobre problemas de coordinación internacional; en septiembre, el Oficio N°1544/2024 solicitó datos sobre enrolamiento y el Oficio N°1547/2024 pidió información sobre registros biométricos. Ninguno de estos fue contestado, consolidando un patrón de desatención institucional.
Crisis de reunificación familiar (2025-2026)
El 6 de mayo de 2025 fue un punto de inflexión. Mediante el Oficio N°539/2025, se consultó a la Policía de Investigaciones (PDI) sobre protocolos para menores con visas de reunificación familiar. La respuesta fue lapidaria:
no existen protocolos específicos para estas situaciones, sino solo instructivos generales
. Ese mismo día, el Oficio N°540/2025 enviado al Servicio Nacional de Migraciones quedó sin respuesta alguna.
La situación alcanzó niveles críticos cuando la Contraloría General de la República (CGR) detectó irregularidades graves. Entre los hallazgos, se constató el caso de 3 niños que llegaron a Chile cuando su padre, solicitante de la reunificación, había fallecido 30 días antes. Además, se identificaron múltiples situaciones donde más de una decena de menores llegaban bajo el cuidado de una sola persona, sin vínculo aparente.
Actualmente, la Fiscalía Nacional mantiene como prioridad ubicar a los menores cuyo paradero es desconocido. Mientras el sistema burocrático se limitó durante años al intercambio de oficios sin medidas de seguridad, el impacto real recae en la vulneración de derechos de los niños. ¿Quién se hará responsable por la falta de fiscalización en los vuelos de reunificación familiar que hoy permanecen bajo sospecha?
