La Operación Imperio sumó un nuevo hito judicial en la región de La Araucanía, tras decretarse la prisión preventiva para el contador sindicado como el cabecilla de una organización dedicada a millonarios delitos económicos. El grupo, compuesto por siete personas, fue desarticulado mediante un operativo coordinado entre la Policía de Investigaciones (PDI), la Fiscalía Supraterritorial y el Ministerio Público, tras realizar allanamientos simultáneos en diversas regiones del país.
¿Cómo operaba esta red de fraude y cuánto dinero involucra? Según los antecedentes expuestos, la organización habría generado un perjuicio fiscal superior a los 400 millones de pesos a través de facturas falsas, mientras que la estafa dirigida al Banco ITAU alcanzaría los 1.500 millones de pesos. En total, el monto defraudado supera los 1.800 millones de pesos, afectando tanto las arcas del Estado como al sistema financiero.
Detalles de la formalización y cautelares
Durante la audiencia, la jueza Leticia Rivera acogió la solicitud del fiscal Miguel Ángel Velásquez para el líder de la banda, mientras que para los otros seis detenidos se dictaron medidas cautelares alternativas, como arresto domiciliario y prohibición de salir del país. El fiscal Enrique Vásquez, integrante de la Fiscalía Supraterritorial, destacó que el principal imputado fue capturado al interior de un casino de juegos.
La investigación apunta a que el contador detenido actuaba como mentor o asesor de los hermanos Martínez, quienes figuran como los líderes de la estructura principal de la Operación Imperio, la cual agrupa a más de 40 personas investigadas por delitos económicos. Por su parte, la defensa de uno de los imputados, representada por el abogado Dionisio Ulloa, sostuvo la inocencia de su cliente, argumentando que sus actividades comerciales estaban en regla y que esto se probará durante el proceso.
Modus operandi: empresas de papel y facturas falsas
El Ministerio Público detalló que la dinámica delictiva consistía en la creación de «empresas de papel» para presentar facturas falsas ante el Servicio de Impuestos Internos (SII) sin respaldo de actividades reales, con el fin de obtener devoluciones de IVA fraudulentas. Además, utilizaban este mecanismo para solicitar créditos bancarios que nunca fueron pagados.
A los siete individuos se les formalizó por diversos cargos, incluyendo facilitación de facturas falsas, obtención fraudulenta de créditos, estafa y lavado de activos. Por disposición de la magistrada, se mantiene la prohibición de divulgar la identidad o fotografías de los imputados. Actualmente, el caso continúa en etapa de indagatoria, mientras la Fiscalía se prepara para acreditar estos millonarios delitos ante el tribunal en las próximas fases del proceso judicial.
