Un reciente informe de la Contraloría General de la República reveló una grave falta administrativa a nivel nacional: el 93% de los municipios chilenos entregaron 146.469 permisos de circulación de forma irregular a vehículos que registraban multas impagas. Esta situación contraviene la Ley 18.287, la cual establece explícitamente que no se puede renovar este documento si existen infracciones pendientes al 30 de noviembre del año previo.
El ránking de las comunas con más irregularidades
El Consolidado de Informe Circularizada (CIC) detalla las municipalidades donde se concentra el mayor número de estos certificados emitidos fuera de la norma. El listado es encabezado por Santiago, con 7.356 casos, seguido muy de cerca por Estación Central (6.924) y Providencia (5.727). También aparecen en el registro Maipú (5.124), Ñuñoa (3.920), Colina (3.648), Quinta Normal (3.581), La Florida (3.416), San Joaquín (3.235) y Quilicura (3.144).
Casos extremos y conflictos de interés
El ente fiscalizador alertó sobre situaciones insólitas donde se otorgaron permisos a vehículos con una cantidad desproporcionada de infracciones pendientes. Por ejemplo, en Quilicura se renovó el documento a un automóvil con 240 multas vigentes, mientras que en Santiago se hizo lo propio con uno que sumaba 149. Otros casos críticos se registraron en Estación Central (127 multas), Las Condes (124) y Concepción (109).
Además de la falta de control, el CIC advirtió sobre un posible conflicto de intereses institucional. Se detectaron 1.172 renovaciones otorgadas a funcionarios municipales con deudas activas, cifra que asciende a 7.378 casos si se incluyen a familiares de los mismos trabajadores que accedieron al trámite irregularmente.
Acciones legales y administrativas
Ante estos hallazgos, la Contraloría ha instruido el inicio inmediato de sumarios administrativos en las municipalidades involucradas para determinar las responsabilidades internas. Asimismo, los antecedentes han sido remitidos al Ministerio Público en aquellos casos donde los hechos podrían constituir delitos, marcando un precedente importante en la fiscalización de los permisos de circulación en Chile.
