El próximo 24 de julio se llevará a cabo una audiencia clave en el Juzgado de Garantía de Puerto Montt, región de Los Lagos. La instancia tiene como objetivo discutir la solicitud de reapertura de la investigación del Caso Convenios, específicamente en la arista que involucra a la Fundación Participa.
Esta petición fue presentada formalmente por la defensa de dos de los imputados en la causa: el presidente de la entidad, Daniel Ibáñez, y su representante financiero, Freddy Seguel Freddy Seguel. Ambos abogados argumentan que el Ministerio Público omitió realizar diligencias esenciales, particularmente la revisión y el levantamiento de los correos electrónicos institucionales de la fundación, procedimiento que consideran fundamental para el esclarecimiento de los hechos.
Detalles del convenio y las acusaciones
La investigación se centra en un convenio suscrito durante el año 2022 entre el Gobierno Regional y la Fundación Participa, cuyo propósito original era llevar adelante un proyecto para regularizar la propiedad de terrenos urbanos. Aunque el programa registró avances iniciales, el proceso concluyó de manera anticipada. Tras este cierre, se procedió a la rendición de una parte de los fondos, mientras que el resto del dinero fue devuelto a las arcas estatales.
Sin embargo, la fiscalía mantiene una postura crítica sobre este proceso administrativo. Según el Ministerio Público, la rendición de cuentas presentada por la fundación habría contenido vicios significativos. La acusación sostiene que se justificaron recursos de forma ilegal para fines ajenos al proyecto original, incluyendo el pago de créditos de consumo personales, gastos de colegiaturas y otros desembolsos particulares.
¿Qué esperar de esta etapa judicial?
Es importante recordar que este artículo describe un proceso judicial en curso. De acuerdo con el Artículo 04 del Código Procesal Penal, ninguna de las personas mencionadas debe ser considerada culpable hasta que exista una sentencia firme dictada por un tribunal de justicia. Existe, por tanto, la posibilidad jurídica de que los cargos sean desestimados una vez finalizada la investigación.
La resolución que adopte el Juzgado de Garantía de Puerto Montt tras la audiencia de finales de julio determinará si se retoma la fase indagatoria para incluir los peritajes informáticos solicitados o si el caso se encamina definitivamente hacia una etapa de cierre y eventual acusación formal.
