Javiera Rodríguez acusa «bajeza» tras respuesta de Derecho U. de Chile

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La diputada Javiera Rodríguez desató una nueva polémica tras refutar la postura de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, entidad que acusó a su equipo de provocar las agresiones registradas durante su visita al recinto. La parlamentaria republicana, quien denunció haber sido víctima de insultos y empujones, rechazó tajantemente las explicaciones entregadas por la institución.

El conflicto escaló luego de que el director de la Escuela, Miguel González Lemus, enviara un oficio a la Comisión de Cultura de la Cámara. En dicho documento, la autoridad universitaria sostuvo que no ocurrieron agresiones físicas y que, por el contrario, fue el equipo de la congresista quien inició los altercados al provocar a los manifestantes presentes en el lugar.

La réplica de la parlamentaria y el anuncio de pruebas

Ante la versión oficial de la casa de estudios, Rodríguez calificó la postura del director de carrera como una «bajeza tremenda» y acusó una falta a la verdad. La legisladora anunció que presentará material audiovisual ante la Comisión de Cultura para desmentir el oficio universitario, compartiendo parte de estas evidencias en su cuenta de la red social X.

«Hay un error en su concepción, porque el director de carrera no se puso del lado de los estudiantes, se puso del lado de los manifestantes. Fui atacada por cerca de 40 o 50 personas. El director respondió al oficio con falsedades y mentiras», declaró la diputada.

La parlamentaria enfatizó que, incluso bajo el hipotético caso de una provocación, la violencia no tendría justificación. «Si tienen algún video en donde muestre que mi equipo y yo estamos provocando, estamos molestando, estamos instando a algo, que, por favor, lo muestre, porque hasta la fecha solamente son declaraciones vacías y que justifican lo injustificable», sentenció.

Actualmente, la controversia se mantiene abierta mientras se espera la entrega de la carpeta con los antecedentes e imágenes anunciada por la congresista. El caso pone en relieve la tensión sobre los protocolos de seguridad en espacios universitarios y la veracidad de los registros sobre los hechos ocurridos en la Facultad de Derecho.

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