Una nueva jornada de violencia sacudió a Ecuador este domingo, luego de que sujetos armados asesinaran a tiros a la fiscal Alexandra Bravo y a su hermana, Emperatriz Bravo, en la ciudad costera de Manta. El hecho ha generado una fuerte respuesta por parte de las autoridades, que ven en este ataque una represalia directa contra el sistema judicial del país.
Según consigna el diario El Universo, el doble homicidio ocurrió específicamente a las 11:20 hora local (12:20 hora de Chile). La abogada, quien cumplía funciones en la localidad de Montecristi, fue interceptada y acribillada mientras se dirigía a su vehículo estacionado.
Fiscalía denuncia represalias del crimen organizado
Tras conocerse el deceso, la Fiscalía General del Estado de Ecuador emitió un comunicado oficial condenando el atentado. La institución fue clara en señalar que este ataque no es un hecho aislado, sino una consecuencia de la labor desempeñada por la abogada.
Este atentado constituye una represalia contra la lucha frontal y permanente que esta Institución mantiene frente a las estructuras delictivas que amenazan la seguridad del país.
El organismo, además de expresar sus condolencias, aseguró que la fiscal Bravo tenía una trayectoria dedicada a investigar casos de alta complejidad, incluyendo delincuencia organizada, homicidios, sicariatos y secuestros. La Fiscalía prometió coordinar con las fuerzas de seguridad todas las acciones legales para identificar, procesar y aplicar el máximo rigor a los responsables del ataque.
Manabí: epicentro de la crisis de seguridad
Este crimen se suma al complejo panorama que enfrenta Ecuador desde hace años, marcado por un alza sostenida en los homicidios y la expansión de bandas criminales. La provincia de Manabí, donde ocurrió este doble asesinato, se ha consolidado como uno de los territorios más golpeados por la violencia en el país.
Actualmente, las autoridades se encuentran en fase de investigación tras este suceso que ha enlutado a la institución judicial. La gran interrogante que queda abierta para la ciudadanía y las fuerzas de orden es si el Estado podrá retomar el control frente al avance de estas estructuras criminales, o si el país seguirá siendo testigo de nuevos ataques contra los funcionarios que intentan impartir justicia en medio de esta profunda crisis.
