Una compleja estructura dedicada a la venta ilegal de documentos de conducir fue desbaratada en el norte del país. La Fiscalía de Alto Hospicio, en conjunto con la PDI, formalizó a diez personas involucradas en una red que operaba desde el año 2022. Los delitos imputados incluyen asociación criminal, cohecho, soborno, lavado de activos y la obtención fraudulenta de licencias de conducir.
Según los antecedentes expuestos durante tres jornadas de audiencia en el Juzgado de Garantía de Alto Hospicio, la organización estaba compuesta tanto por particulares como por funcionarios de la Dirección de Tránsito municipal. ¿Cómo operaba esta red? Los involucrados facilitaban la obtención de documentos de forma irregular mediante pagos que oscilaban entre los 600 mil y un millón de pesos.
Detalles de la investigación y funcionamiento de la red
La investigación fue encabezada por el fiscal jefe de Alto Hospicio, Guillermo Arriaza, quien confirmó que el tribunal acreditó los delitos y validó las medidas cautelares solicitadas. Las diligencias estuvieron a cargo de las brigadas Brianco y Brilac de la PDI, las cuales lograron establecer una estructura jerárquica.
La líder de la banda fue identificada como N.X.V.A., quien coordinaba junto a su cónyuge e hijos el pago de sobornos a empleados municipales. El objetivo era agilizar y aprobar trámites para personas que no cumplían con los requisitos legales. Además, la imputada mantenía vínculos con una trabajadora de una escuela de conductores de Iquique, quien proveía certificados falsos de aprobación de cursos, un documento obligatorio para obtener licencias profesionales.
De acuerdo con la Fiscalía, quienes recurrían a esta red obtenían licencias sin rendir exámenes teóricos o prácticos, sin realizar los cursos correspondientes en el caso de licencias profesionales y, en varios casos, utilizando certificados de residencia falsificados.
Medidas cautelares y estado actual del caso
El tribunal decretó la prisión preventiva para ocho de los imputados, al considerar que su libertad representa un peligro para la seguridad social. Entre ellos se encuentra la líder de la organización, su núcleo familiar directo y dos funcionarios municipales.
En cuanto al resto de los involucrados, otros dos funcionarios quedaron bajo medidas menos gravosas por peligro de fuga, mediante caución económica, mientras que un tercer empleado municipal quedó en arresto domiciliario total. La trabajadora de la escuela de conductores también quedó con arresto domiciliario total. El Ministerio Público, sin embargo, presentó recursos de apelación verbal, por lo que la Corte de Apelaciones deberá dirimir las medidas definitivas.
Actualmente, el tribunal ha fijado un plazo para la investigación, durante el cual se busca determinar la cantidad total de licencias emitidas bajo este sistema fraudulento y el alcance real de la red en la región. ¿Qué ocurrirá con las licencias ya emitidas por esta vía y cómo afectará esto a los procesos de fiscalización municipal en el futuro?
