Héctor Guerrero Flores, conocido mundialmente como el “Niño Guerrero”, fue abatido en una operación ejecutada por el Comando Sur de Estados Unidos. Este líder criminal era el rostro principal del Tren de Aragua, la organización delictiva originaria de Venezuela que expandió sus tentáculos a diversos puntos de América Latina, incluyendo Chile.
La caída del cabecilla en Venezuela
La confirmación llegó por parte del presidente estadounidense, Donald Trump, quien describió el operativo como un «ataque cinético rápido y letal». A su vez, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, precisó que las fuerzas norteamericanas contaron con la colaboración de los cuerpos de seguridad venezolanos. Según los antecedentes, la acción ocurrió el pasado 9 de junio en una zona minera del estado Bolívar, siendo confirmada la identidad del sujeto mediante peritajes a restos encontrados en la zona.
Vínculos con Chile y la Fiscalía de Tarapacá
El nombre de Guerrero Flores fue una constante en los informes de la Policía de Investigaciones y la Fiscalía Regional de Tarapacá desde 2021. Las autoridades chilenas lograron establecer que células locales del Tren de Aragua, lideradas internamente por Carlos González Vaca, mantenían una comunicación directa con el cabecilla para coordinar ilícitos y el control territorial.
Fue precisamente la Fiscalía de Tarapacá la entidad que, en 2023, emitió la primera orden de captura internacional contra el sujeto en Sudamérica. Los investigadores determinaron que, a pesar de estar a distancia, el «Niño Guerrero» impartía instrucciones directas para secuestros, extorsiones, tráfico de migrantes y otros delitos graves cometidos en Chile.
Un historial de fugas y recompensas
Al momento de su muerte, Guerrero Flores era requerido por las justicias de Chile, Venezuela y Estados Unidos, países que mantenían notificaciones rojas activas en su contra. Su peligrosidad quedó marcada por hitos como su fuga de la cárcel de Tocorón en 2012 y su desaparición tras la intervención de dicho penal en septiembre de 2023, la cual funcionaba como el centro de mando de la organización criminal.
La presión internacional sobre el cabecilla alcanzó niveles críticos durante el año 2024, periodo en el cual el Departamento de Estado de Estados Unidos llegó a ofrecer una recompensa de hasta 5 millones de dólares por datos que permitieran su captura o condena definitiva.
