Un tribunal federal de apelaciones de Estados Unidos otorgó un respiro a la administración de Donald Trump, autorizando que se mantenga el gravamen global del 10%. Esta medida, impuesta en febrero tras la invalidación de un esquema previo por parte del Tribunal Supremo, continuará vigente mientras avanza el proceso legal en contra de estos impuestos.
La aplicación de esta tasa se fundamenta en la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974. Este marco legal permite al presidente estadounidense imponer gravámenes de hasta el 15% durante un periodo máximo de 150 días, tras lo cual se requiere obligatoriamente la aprobación del Congreso para cualquier prórroga. Si no se logra esta extensión legislativa, la medida actual expirará a finales de julio.
El conflicto judicial por los aranceles
La batalla legal ha sido intensa. En mayo, un panel del Tribunal de Comercio Internacional, con sede en Nueva York, dictaminó por 2-1 que estos nuevos aranceles eran “inválidos” y “no autorizados por la ley”. Según el fallo, Trump se habría excedido en la autoridad arancelaria que le fue delegada por el cuerpo legislativo.
Este revés inicial se suma a la sentencia del Tribunal Supremo, la cual concluyó que el presidente carecía de autoridad para aplicar tasas bajo la Ley de Poderes de Emergencia Económica Internacional (IEEPA) de 1977. Dicha ley había sido la base principal de la agresiva política comercial lanzada por el republicano desde su regreso al poder en enero de 2025.
Impacto económico y futuro de las medidas
El impacto financiero de estas decisiones es masivo. En abril pasado, el Gobierno de Estados Unidos inició un proceso para reembolsar cerca de 166.000 millones de dólares cobrados de forma irregular a través de los aranceles que fueron anulados previamente por el alto tribunal.
El dictamen del Supremo alcanzó no solo a los aranceles bajo la IEEPA, sino también a los impuestos denominados “recíprocos”, diseñados por Trump para reducir el déficit comercial de EEUU. Asimismo, esto abarca las tasas adicionales del 25% impuestas a México y Canadá, cuyo objetivo declarado era presionar a estos países para frenar el flujo de fentanilo hacia territorio estadounidense.
Aunque el republicano amenazó en febrero con elevar el nuevo gravamen global al 15%, la medida aún no se ha materializado. Mientras el proceso legal sigue su curso, el mercado y los socios comerciales observan con atención si el Congreso intervendrá antes de que llegue la fecha límite de julio para la expiración de la norma actual.
