Tras el informe de la Contraloría General de la República (CGR) que destapó diversas irregularidades en el Censo 2024, el Comité Técnico Asesor salió a defender la gestión del proceso. Entre los puntos cuestionados figuraba la contratación de 16 personas con antecedentes penales y 14 extranjeros sin permiso laboral, una situación que, según los expertos, representa menos del 0,1% del total de la fuerza de trabajo censal.
El respaldo, difundido por el exministro de Economía Nicolás Grau, sostiene que el censo es una de las tareas estadísticas más complejas del Estado, dado el despliegue territorial requerido. En total, el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) contrató a cerca de 38.000 censistas para cubrir prácticamente la totalidad de los hogares del país.
El Censo 2024 fue un proceso exitoso, desarrollado con profesionalismo por parte de su equipo directivo y técnico, y que ha entregado información de enorme relevancia para el diseño de políticas públicas.
Los integrantes del comité enfatizaron que, al evaluar la magnitud de las observaciones de la CGR, la proporción de los casos detectados es marginal respecto al despliegue operativo. No obstante, reconocieron que cualquier falta debe ser investigada y sancionada, admitiendo que el trabajo en terreno enfrenta riesgos de seguridad en zonas complejas, donde los censistas han debido ingresar bajo protección policial por la delincuencia y el narcotráfico.
Modernización y transparencia: los desafíos tras la polémica
El grupo asesor espera que este debate sea el motor para modernizar los procesos censales en Chile, abogando por un uso más intensivo de registros administrativos y tecnologías de información para mitigar riesgos operativos. Pese a las críticas, reiteraron que el éxito del proceso no debe quedar en entredicho por estos hallazgos puntuales.
La sombra del conflicto de interés
La defensa del comité llega en un momento de tensión, puesto que la Contraloría también advirtió un potencial conflicto de interés en una adjudicación valorada en cerca de $1.700 millones. El reparo apunta a una exasesora del proceso censal, quien mantuvo vínculo con el INE hasta el 31 de agosto de 2024, pero que simultáneamente participó como experta en la comisión evaluadora de dicha licitación.
Dicha exfuncionaria, según el reporte, se desempeñaba como representante legal de McCann Erickson S.A., firma con una participación del 60% en Dittborn y Unzueta S.A., la empresa que finalmente resultó adjudicataria. Ante este escenario, queda pendiente determinar qué acciones tomará el organismo fiscalizador frente a esta aparente vulneración de normas administrativas, mientras el país debate si estos episodios empañan la validez final de los datos recolectados.
