El Comité Técnico Asesor del Censo 2024 salió al paso de los cuestionamientos generados tras los hallazgos de la Contraloría General de la República respecto a las contrataciones realizadas por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE). En una reciente comunicación pública, el organismo defendió la gestión del proceso censal, asegurando que los errores detectados son marginales frente a la magnitud operativa del despliegue.
La defensa ante los cuestionamientos
El organismo, mediante una carta enviada a El Mercurio, enfatizó que el censo es una de las labores estadísticas más complejas del Estado chileno. A juicio del comité, el proceso se desarrolló bajo criterios de profesionalismo por parte de los equipos técnicos y directivos, calificando la instancia completa como un éxito operativo.
Respecto a los datos críticos, el comité precisó que el INE contrató a un total de 38 mil censistas a lo largo del país. En este contexto, subrayaron que los 16 casos con antecedentes penales —incluyendo delitos como estafa, robo, hurto, lesiones y tráfico de drogas— junto a los 14 casos de extranjeros sin habilitación laboral, representan menos del 0,1% del total de personal contratado.
Detalles sobre irregularidades migratorias
El informe de Contraloría había alertado sobre la situación de 14 trabajadores extranjeros que no contaban con los permisos necesarios. Cinco de ellos mantenían su residencia revocada, sea esta definitiva o temporal/transitoria, y se reveló que incluso uno de los individuos mantenía una orden de expulsión administrativa pendiente por parte de las autoridades competentes.
Seguridad y futuro del proceso censal
El comité reconoció que la recolección de datos enfrenta desafíos operativos críticos. Se detalló que, en múltiples sectores, los censistas debieron ejecutar sus labores en contextos de alta complejidad, requiriendo en ocasiones apoyo policial debido a la presencia de delincuencia y narcotráfico, lo cual expuso a los trabajadores a riesgos físicos significativos.
Finalmente, los asesores hicieron un llamado a las autoridades para modernizar los procesos censales en Chile. La propuesta se centra en un mayor uso de tecnologías de información y una integración más profunda de los registros administrativos del Estado. Esto, según indican, permitiría reducir los riesgos operativos, aumentar la eficiencia y garantizar que cualquier irregularidad futura sea investigada y sancionada con el rigor correspondiente.
