La Contraloría General de la República ha iniciado un proceso de auditoría formal en la Ilustre Municipalidad de Osorno. Esta medida responde a una serie de alertas y cuestionamientos presentados directamente por integrantes del Concejo Municipal ante el organismo fiscalizador, con el objetivo de transparentar el manejo de los recursos públicos locales.
La concejal Natali Guissen, quien ha impulsado este requerimiento, sostuvo un encuentro con Mario Quezada, contralor regional de Los Lagos. El propósito central fue exponer una serie de preocupaciones respecto a la gestión presupuestaria y los métodos administrativos que actualmente se aplican en el consistorio osornino.
Detalles de las denuncias presentadas
Según explicó la edil Guissen, el proceso de auditoría ya es una realidad tras el análisis de los antecedentes entregados a la Contraloría. La representante indicó que la decisión se tomó luego de que la administración municipal omitiera reiteradamente la entrega de informes solicitados por los concejales, lo que impidió fiscalizar el correcto uso de los fondos.
La reunión que sostuve con el contralor regional está orientada a poder notificar aquellas preocupaciones que existen respecto al manejo de los presupuestos y de cómo se está llevando la administración municipal. Dentro de las cosas que pudimos sacar en limpio con el equipo es que se ha iniciado una auditoría a la Ilustre Municipalidad de Osorno.
Entre los puntos críticos que motivaron esta intervención se encuentran:
- Irregularidades vinculadas a los sumarios del reloj control.
- Facturas impagas acumuladas por parte del Departamento de Salud.
- Suplencias de cargos directivos que superan los plazos legales estipulados por Contraloría.
- Despidos injustificados que han derivado en juicios laborales donde el municipio no ha ejercido su defensa.
La concejal advirtió que la falta de representación legal en estos litigios ha generado un daño grave al patrimonio municipal, afectando los recursos que pertenecen a toda la comunidad. Actualmente, el proceso se encuentra en etapa de revisión por parte del ente fiscalizador. Queda pendiente conocer las conclusiones finales de la auditoría y si estas derivarán en acciones administrativas o sanciones adicionales para los responsables de la gestión actual.
