El Hospital Víctor Ríos Ruíz de Los Ángeles, en la región del Bío Bío, deberá pagar una indemnización de 4 millones de pesos a un extrabajador que denunció haber sido víctima de acoso y hostigamiento laboral. El fallo judicial pone fin a una disputa legal iniciada tras hechos ocurridos en 2021.
En aquel entonces, el afectado se desempeñaba en la unidad técnica de mantención de equipos del recinto asistencial. Según lo acreditado en el proceso judicial, el trabajador fue objeto de burlas y conductas impropias de manera sistemática por parte de un grupo de compañeros, lo cual derivó en un grave deterioro de su salud mental.
Fallos internos y justicia laboral
Tras la denuncia inicial, el hospital llevó a cabo una investigación interna donde se comprobaron los hechos. Sin embargo, se determinó que la institución no ejecutó las acciones correctivas necesarias ante este tipo de faltas, lo que obligó a que el caso fuera llevado a tribunales para buscar justicia.
La justicia falló finalmente a favor del extrabajador, confirmando la negligencia en la protección de su integridad. La sentencia obliga al Hospital Víctor Ríos Ruíz a compensar económicamente a la víctima por el daño sufrido durante su permanencia en la institución.
La postura de la CUT y el precedente local
La situación ha generado diversas reacciones en el mundo sindical de la provincia. Cristian Concha, presidente de la CUT en la provincia de Bío Bío, manifestó su preocupación por la recurrencia de estas vulneraciones en el entorno laboral.
Esto pasa en todos lados, nos llama no solamente a seguir hasta las últimas consecuencias, sino que a mejorar también las leyes para los trabajadores.
El dirigente subrayó que este fallo sienta un precedente relevante para la zona del Bío Bío, donde los derechos laborales se ven constantemente vulnerados. Asimismo, hizo un llamado urgente para que este tipo de situaciones sean informadas y denunciadas de manera oportuna por los funcionarios.
Por ahora, queda pendiente observar si el hospital implementará nuevas medidas de control interno para prevenir futuros casos de hostigamiento. ¿Es suficiente este monto reparatorio para evitar que estas prácticas persistan en el sistema público de salud regional?
