El Gobierno de Chile ha marcado una postura clara frente a la seguridad pública al rechazar explícitamente el proyecto impulsado por el Partido Comunista (PC), el cual busca modificar la Ley Naín-Retamal. El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, fue enfático al señalar que el Ejecutivo no respaldará ninguna propuesta que considere un retroceso en las facultades de las fuerzas de orden.
¿Por qué el Gobierno se opone a la propuesta del PC? Según Máximo Pavez, la iniciativa comunista, ingresada formalmente este martes, debilitaría la labor de Carabineros y de Gendarmería. El proyecto pretende derogar artículos clave, incluyendo la presunción de legítima defensa para los funcionarios policiales y la modificación de la redacción actual sobre el delito de apremios ilegítimos.
El debate por la Ley Naín-Retamal y el rol del Congreso
Durante su intervención, Pavez lamentó que sectores de izquierda intenten promover cambios que, a juicio del Ejecutivo, perjudican a la institución.
«El Gobierno no va a apoyar un proyecto de ley que debilite a nuestras policías»
, sentenció el subsecretario, reafirmando la postura oficial frente a las modificaciones legislativas que han generado fricciones en el Parlamento.
Ante este escenario, Máximo Pavez hizo un llamado a los parlamentarios para que las iniciativas que se discutan en el Congreso Nacional contribuyan efectivamente a reforzar la seguridad. En cuanto a las propuestas presentadas recientemente por Renovación Nacional (RN), el subsecretario indicó que estas serán analizadas minuciosamente.
Proyección: Evaluación de nuevas medidas para Carabineros
El Ejecutivo se mantiene abierto a estudiar distintas mociones siempre que estas fortalezcan la operatividad policial. Según lo informado, las propuestas provenientes del Parlamento y las medidas específicas de RN serán evaluadas por el ministro Arrau y el resto del gabinete ministerial para determinar si son incorporadas a la agenda prioritaria del Gobierno.
Por ahora, el Gobierno mantiene firme su postura de no retroceder en la normativa vigente, mientras el Congreso se prepara para un intenso debate sobre el futuro de las facultades policiales. ¿Lograrán los sectores políticos un consenso que fortalezca la seguridad sin vulnerar los derechos institucionales?
