Exigen conducta intachable para beneficiarios
La bancada de diputados de la UDI, encabezada por Jorge Alessandri y Constanza Hube, ha puesto sobre la mesa una propuesta directa al Ejecutivo: revocar las pensiones de gracia otorgadas por el estallido social a cualquier persona que posea antecedentes penales. Los parlamentarios sostienen que debe establecerse como requisito excluyente mantener una conducta anterior intachable para conservar este beneficio económico.
Los legisladores se reunieron con el actual ministro de Justicia, Fernando Rabat, para formalizar la entrega de un proyecto de resolución que ya fue visado por la Cámara de Diputados. Según explicó el diputado Alessandri, el objetivo es que el ministro pueda, a través de un decreto, anular estas pensiones vitalicias a quienes cuenten con registros delictuales, ya sea previos, simultáneos o posteriores a la entrega del beneficio.
Cuestionamientos a la entrega de recursos
El presidente de la Cámara de Diputados enfatizó que el ministro Rabat se comprometió a estudiar caso a caso, haciendo referencia a los denominados «falsos exonerados». Alessandri fue tajante al señalar: «Si tiene antecedentes penales, si decidió delinquir, todo Chile no tiene por qué pagarle una pensión».
Por su parte, la diputada Constanza Hube criticó duramente la gestión del gobierno del expresidente Boric, mencionando que en los listados entregados figuraban cerca de 400 personas, muchas de las cuales ya poseían prontuario. Para Hube, resulta «injusto que personas que tengan antecedentes penales reciban un cheque por parte del Estado, mientras que personas que se sacan la mugre trabajando vean que estas personas reciban recursos que son de ellos».
Requerimiento al Ejecutivo
El diputado Alessandri cuestionó que el decreto original no contuviera salvaguardas claras. «En el decreto no se establece como requisito tener la hoja limpia de antecedentes penales y a personas con antecedentes se les pagó y se les sigue pagando igual», puntualizó. Los parlamentarios solicitaron al gobierno del Presidente Kast modificar la normativa vigente.
Finalmente, Alessandri cuestionó la lógica detrás de estos pagos que superan, en muchos casos, los 450 mil pesos mensuales. El diputado argumentó que no tiene sentido otorgar este dinero a individuos que «rompieron las normas, que quemaron un bus, que atacaron a una familia, que robaron» y que cuentan con condenas vigentes por dichos actos.
