El Gobierno fija postura tras la denuncia contra Zaliasnik
La Fiscalía ha iniciado formalmente una investigación en contra del embajador de Chile en Israel, Gabriel Zaliasnik. La causa se originó tras la denuncia presentada por los parlamentarios oficialistas, la senadora Daniella Cicardini (PS) y el diputado Daniel Manouchehri (PS), en el contexto del mediático Caso Hermosilla.
El punto central de la indagatoria apunta a chats revelados entre el diplomático y el abogado Luis Hermosilla. Según los denunciantes, estas conversaciones demostrarían presuntas gestiones irregulares para lograr nombramientos en el Poder Judicial, lo que ha generado una fuerte arremetida política desde el Congreso.
La postura de Cancillería ante la indagatoria
El ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, rompió el silencio sobre esta situación. Al ser consultado sobre el impacto de la apertura de esta carpeta investigativa en el futuro del embajador, el canciller fue enfático: «La investigación no modifica las decisiones que se han tomado».
Pérez Mackenna añadió que el Ejecutivo mantiene un respeto absoluto por el trabajo que realizan el Ministerio Público y los tribunales de justicia. Ante la insistencia de la prensa sobre posibles cambios de criterio o remociones si la indagatoria avanza, el titular de Cancillería se limitó a señalar que no tiene «más opinión que dar al respecto», argumentando que «esto es una investigación que se ha iniciado recién».
Los argumentos de los parlamentarios denunciantes
La senadora Cicardini sostiene que las revelaciones encontradas en los chats apuntan a situaciones graves, tales como un eventual uso de gastos reservados para solventar defensas penales, presiones indebidas en el Poder Judicial y maniobras de espionaje político. Por su parte, el diputado Manouchehri reforzó esta postura mediante un comunicado oficial.
Las conversaciones entre Hermosilla y Zaliasnik no son un simple chat privado. Revelan presuntos usos de recursos públicos, influencias en jueces y espionaje político, para proteger a los suyos y perseguir adversarios.
Este episodio se suma a una serie de tensiones políticas derivadas de las filtraciones del Caso Hermosilla, las cuales siguen salpicando a diversos actores relevantes del ámbito judicial y político nacional.
