Un revés para la normativa de aplicaciones
La Ley Uber enfrenta un nuevo obstáculo administrativo. La Contraloría General de la República, encabezada por la contralora Dorothy Pérez, decidió no dar curso al decreto presentado por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones que buscaba flexibilizar los requisitos exigidos a conductores y vehículos de aplicaciones.
A través de un oficio enviado al ministro de la cartera, Louis de Grange, el organismo fiscalizador notificó que no se dio paso al documento que pretendía modificar el decreto supremo N° 212. Según la entidad, la propuesta eliminaba, modificaba y disminuía exigencias técnicas fundamentales para la prestación del servicio.
Falta de fundamentos técnicos y jurídicos
La contralora Pérez argumentó que el Ministerio de Transportes no presentó los fundamentos fácticos, técnicos y jurídicos necesarios para justificar tales cambios. La autoridad fue clara al señalar que no existen razones documentadas para reducir el estándar de seguridad y operación que se exige a este tipo de transporte.
Además, el organismo cuestionó que las modificaciones propuestas no fueran sometidas a una consulta pública previa. La Contraloría enfatizó que el Ministerio debe acreditar debidamente las razones de esta decisión, especialmente considerando que este ajuste impacta directamente en el estándar mínimo que se le exige a otros servicios de transporte que operan actualmente en el país.
Contexto político adicional
En el marco de la contingencia, se informó también sobre la situación judicial del concejal Argandoña (FA), quien fue condenado por injurias contra el alcalde Sichel. El fallo establece que deberá cumplir un año de firma periódica como parte de su sanción penal.
