La bancada de diputados de la UDI, integrada por Hotuiti Teao y Marco Antonio Sulantay, solicitó formalmente al Consejo de Defensa del Estado (CDE) que evalúe presentar una querella. La acción surge tras el reciente informe de la Contraloría General de la República (CGR), el cual expuso serias irregularidades administrativas en la ejecución del Censo 2024 por parte del Instituto Nacional de Estadísticas (INE).
El reporte del ente fiscalizador reveló que el INE contrató a 16 personas que mantenían antecedentes penales por delitos como estafa, robo, hurto, lesiones y tráfico de drogas. A esto se suma la contratación de 14 extranjeros que no contaban con autorización para trabajar en el país, incluyendo a cinco exresidentes y un individuo con una orden de expulsión vigente al momento de ser reclutado.
Graves fallas de control en el INE
Uno de los hallazgos más críticos de la Contraloría motivó la derivación de antecedentes al Ministerio Público: la detección de 267 personas que fueron contratadas como censistas mientras mantenían vínculos laborales simultáneos en otras instituciones del Estado. Asimismo, se detectó un conflicto de interés en una licitación por $1.700 millones, donde una exasesora actuó como evaluadora técnica siendo, al mismo tiempo, representante legal de una de las empresas licitantes.
Ante estos antecedentes, los parlamentarios gremialistas instaron al CDE a agotar todas las instancias legales, incluyendo la presentación de querellas, para perseguir responsabilidades y buscar la restitución de recursos públicos mal utilizados. Según Teao y Sulantay, la situación es inaceptable:
Resulta absolutamente inaceptable que en un proceso de esta envergadura se hayan vulnerado controles tan básicos, como los filtros que deben aplicarse al momento de seleccionar al personal, permitiendo el ingreso de personas con antecedentes penales e, incluso, extranjeros que no estaban habilitados para trabajar o que mantenían órdenes de expulsión vigentes.
Críticas a la gestión de Nicolás Grau
Los legisladores no solo apuntaron a fallas operativas, sino que emplazaron directamente al exministro de Economía, Nicolás Grau, bajo cuya gestión se articuló el proceso censal. Los parlamentarios sostienen que la improvisación y negligencia detectadas deben ser explicadas, subrayando que no se trata de errores menores, sino de un cuestionamiento profundo al uso de los recursos de todos los chilenos.
Actualmente, el caso se encuentra en manos de la Fiscalía, que deberá determinar las responsabilidades penales derivadas del informe de la CGR. La expectativa se centra ahora en la respuesta que entregará el CDE frente a la solicitud de querella, un paso clave que determinará si el Estado avanzará en una sanción judicial contra los responsables de las irregularidades en el Censo 2024.
