Hallazgos críticos en la contratación de personal
Un lapidario informe de la Contraloría General de la República reveló graves irregularidades cometidas por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) durante el desarrollo del Censo de Población y Vivienda 2024. El ente fiscalizador detectó fallas críticas en los procesos de selección y control de los censistas, lo que pone en entredicho la gestión operativa del proceso.
La auditoría confirmó que se contrataron 16 personas que mantenían antecedentes penales por delitos graves como robo, estafa, hurto, lesiones y tráfico de drogas. En seis de estos casos, las empresas externas encargadas de la selección ignoraron los certificados que acreditaban condenas, mientras que en los diez restantes, el INE ni siquiera solicitó la documentación obligatoria.
Además, se detectó la contratación de 14 ciudadanos extranjeros que no contaban con permiso de trabajo en el país. Entre ellos, cinco tenían su residencia revocada y uno incluso mantenía una orden de expulsión administrativa pendiente.
Pagos injustificados y falta de control
El organismo no logró acreditar que 515 censistas cumplieran efectivamente con sus labores, a pesar de haber recibido pagos por un total de 166 millones de pesos. Ante esta falta de supervisión, la Contraloría formuló reparos financieros significativos.
La institución tampoco pudo validar los antecedentes académicos de más de 130 personas que ocuparon cargos clave como Coordinador de Local Censal y Gestor Administrativo. Debido a este incumplimiento, no se aplicaron multas a las empresas contratistas por un monto que asciende a 131.972.500 pesos.
Asimismo, se identificó un conflicto de interés: una exasesora del INE actuó como experta en una comisión evaluadora de licitación, siendo al mismo tiempo representante legal de una de las empresas adjudicatarias.
Inconsistencias administrativas y equipos abandonados
El informe detalla que 267 funcionarios no notificaron, mediante declaración jurada, que prestaban servicios simultáneos en otras instituciones públicas entre marzo y junio de 2024. A esto se suma un gasto cuestionado de 49.430.231 pesos en 77 contratos de arriendo sin fundamentos técnicos, incluyendo locales que se pagaron por 12 meses cuando el proceso solo duró cinco.
Un episodio crítico ocurrió el 1 de mayo de 2024, cuando el INE desembolsó 134.243.088 pesos para traslados que nunca ocurrieron, dado que ese día no hubo labores censales. Finalmente, destaca el abandono de activos tecnológicos: al 7 de noviembre de 2025, aún permanecían almacenados 484 computadores y 29.226 smartphones en dependencias de Bienes Nacionales.
Ante estos hallazgos, la Contraloría ordenó un sumario administrativo y formuló un reparo por 315.645.819 pesos, estableciendo un plazo de 60 días para definir el destino final de los equipos electrónicos.
