Lograr una rebaja del TAG es el objetivo central de las negociaciones que el Gobierno de Chile ha iniciado con las empresas concesionarias de autopistas urbanas. El biministro de Transportes y Obras Públicas, Louis de Grange, ha confirmado que el Ejecutivo impulsa conversaciones para disminuir el costo de este sistema, considerando fórmulas como el ajuste de tarifas en contratos próximos a vencer o la extensión de concesiones a cambio de mejores condiciones para los automovilistas.
Aunque el Gobierno ha puesto sobre la mesa una reducción estimada en torno al 30%, el proceso no será sencillo. La implementación de esta medida depende estrictamente de las reuniones bilaterales con las cuatro empresas que administran las vías, quienes deben analizar caso a caso la viabilidad de modificar los contratos vigentes.
¿Es posible una rebaja transversal?
La presidenta de COPSA, Gloria Hutt, fue enfática al señalar que un recorte de este tipo no puede aplicarse de manera generalizada debido a las particularidades de cada contrato. Al respecto, sostuvo:
La conversación sobre los niveles de tarifa tiene que hacerse necesariamente uno a uno. Es difícil pensar en una medida transversal porque cada autopista tiene estructuras de propiedad distintas, distintos niveles de autonomía, distintas duraciones.
El impacto económico para los usuarios es significativo. Un conductor frecuente puede gastar actualmente entre $35.000 y $120.000 mensuales dependiendo de sus rutas y horarios. Laura Quitral, jefa disciplinar de Administración y Gestión de IACC, advirtió que para muchos hogares este gasto anual supera el $1.000.000, afectando directamente el presupuesto familiar al pagar entre $50.000, $80.000 o más de $100.000 cada mes por circular por la ciudad.
Desafíos técnicos y plazos
La meta del 30% genera dudas entre los expertos. El académico de Ingeniería de la Universidad de los Andes, Rafael Delpiano, advirtió que el tiempo restante de las concesiones podría limitar la magnitud de la rebaja. Según Delpiano, el caso de una concesión con 18 años de vigencia restante ejemplifica la dificultad técnica de alcanzar tales porcentajes de reducción, aunque admite que es el escenario más claro donde una negociación podría tener sentido.
Por ahora, el futuro de la rebaja del TAG se mantiene en una etapa de tratativas iniciales. El éxito de esta política pública dependerá de la capacidad del Ejecutivo para llegar a acuerdos individuales con cada operadora, en un proceso que se proyecta extenderse por varios meses antes de tener una resolución concreta.
