El cruce por los embargos del CAE
El biministro Claudio Alvarado salió al paso de las recientes declaraciones del expresidente Gabriel Boric respecto a los embargos aplicados a deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE). El exmandatario había cuestionado a través de su cuenta de X las prioridades del gobierno de José Antonio Kast, acusando que se están vaciando cuentas corrientes de familias trabajadoras mientras, paralelamente, el oficialismo vota contra el levantamiento del secreto bancario para perseguir el crimen organizado.
Boric planteó directamente: «¿Dónde están las prioridades? ¿Por qué hay inflexibilidad y castigo para familias trabajadoras y sacrificadas que están endeudadas y se sigue siendo permisivo con los negocios del crimen organizado con el que todos queremos terminar?». Ante esto, Alvarado fue tajante al señalar que se trata de situaciones distintas y solicitó al exjefe de Estado que se refiera a los temas por separado sin mezclarlos.
El factor de la condonación
Uno de los puntos centrales del debate es el impacto de la promesa de condonación del CAE realizada por Boric durante su administración. Según el biministro, esta propuesta desincentivó el cumplimiento de las obligaciones financieras. «Obviamente cuando a cientos, a miles de personas, se les dice que una deuda se va a condonar, el sentido común dice ‘dejo de pagar’. En consecuencia, gran parte del problema está motivada por esa promesa», afirmó Alvarado.
El secretario de Estado enfatizó que si el exmandatario no cumplió con sus promesas de campaña, «no es problema de este gobierno que las personas hayan dejado de pagar». En la misma línea, la diputada Ossandón reforzó este punto, argumentando que una gran cantidad de ciudadanos optó por no cancelar sus cuotas debido a la expectativa generada por el entonces presidente.
Defensa de la medida judicial
Sobre el procedimiento de cobro, el ministro defendió la legalidad del proceso asegurando que se está aplicando una normativa aprobada en 2012, la cual autoriza el embargo de cuentas corrientes como una medida precautoria habitual en cobranzas judiciales. Alvarado aclaró que el foco actual está en quienes tienen ingresos superiores a los $3,5 millones mensuales.
El biministro explicó que a estas personas, a pesar de contar con la solvencia necesaria, no han concurrido a reprogramar su deuda. Por ello, concluyó que el Ejecutivo tiene el «legítimo derecho de cobrar esas platas que corresponden a todos los chilenos». Por su parte, sectores ligados a la oposición, como Carmona, han calificado estas acciones como un «abuso de poder» que, a su juicio, traerá repercusiones políticas para el actual gobierno.
