El Consejo Fiscal Autónomo (CFA) presentó ante la Cámara de Diputados su análisis técnico sobre el proyecto de ley que faculta al Gobierno para emitir hasta US$6.200 millones adicionales en deuda durante 2026. Ante la solicitud del Ejecutivo, que argumenta la necesidad de cubrir el déficit fiscal y compromisos del Estado, el organismo fue claro: las autoridades deberán optar obligatoriamente entre adquirir mayor endeudamiento, utilizar los activos del Tesoro Público —que ya se encuentran en mínimos históricos— o aplicar un ajuste fiscal severo.
Detalles de la autorización de endeudamiento
La exposición fue liderada por la presidenta del CFA, Paula Benavides, junto al vicepresidente Sebastián Izquierdo y el gerente de Estudios, Mario Arend. Benavides explicó que este nuevo requerimiento se suma a las autorizaciones previas estipuladas en la Ley de Presupuestos 2026, que ya contemplaba un primer inciso por US$17.400 millones y una facultad adicional por US$600 millones.
Las razones detrás de este aumento de financiamiento incluyen un déficit efectivo mayor a lo proyectado, la volatilidad en la apreciación del tipo de cambio, el manejo de la liquidez y la atención de diversas obligaciones fiscales. Asimismo, el proyecto considera factores como el incremento en el nivel de caja requerido y la reducción del stock de deuda flotante acumulada entre el tercer trimestre de 2025 y el primer trimestre de 2026.
Impacto en la deuda bruta y el PIB
El organismo advirtió que el camino del endeudamiento tiene consecuencias tangibles. Actualmente, se prevé una deuda bruta equivalente al 43,1% del PIB para este año. Con la nueva emisión de US$1.500 millones adicionales, esta cifra subiría al 43,4%, escalando incluso al 43,6% si se considera un escenario de menor crecimiento económico.
Resulta indispensable que se avance simultáneamente en la implementación sostenida de las medidas necesarias para materializar una senda de consolidación fiscal que permita estabilizar el nivel de deuda por debajo de su nivel prudente.
Al respecto, Paula Benavides enfatizó que acercarse al umbral del 45% —considerado el nivel de prudencia fiscal— no es un hecho inocuo. Una deuda más alta eleva de forma permanente el gasto por intereses, lo que puede presionar al alza las tasas domésticas. Esto encarece el crédito para empresas y hogares, frena la actividad económica y reduce drásticamente el margen de maniobra del Estado ante eventos extraordinarios o crisis futuras.
Por ahora, la pelota está en manos del Congreso y el Gobierno. La decisión final sobre cómo financiar estas brechas definirá la trayectoria fiscal del país para los próximos periodos, manteniendo la presión sobre la capacidad de consolidación del Ejecutivo.
