En un escenario marcado por la austeridad presupuestaria, han salido a la luz las remuneraciones de los abogados del Consejo de Defensa del Estado (CDE), las cuales han generado controversia. Durante el pasado mes de abril de 2026, un total de 37 funcionarios del organismo percibieron sueldos que igualaron o superaron el ingreso bruto del Presidente de la República, José Antonio Kast, fijado en $11,3 millones.
La información, difundida inicialmente por El Mercurio y ratificada posteriormente por Bío Bío, detalla que algunos de estos trabajadores llegaron a recibir hasta $19,9 millones en dicho periodo. Este incremento en las remuneraciones se explica por la recepción de un bono especial, asociado a una antigua ley que establece asignaciones para quienes cumplen labores de fiscalización.
El ranking de las remuneraciones más altas
El desglose de los pagos revela que los cargos de mayor responsabilidad dentro de la institución encabezan la lista de los sueldos más abultados. Los 10 funcionarios con mayores ingresos en el CDE durante abril son los siguientes:
- Jorge Mario Escobar, abogado consejero: $19,9 millones
- Raúl Letelier, abogado consejero: $15,6 millones
- Ernestina Israel, abogada consejera: $15,2 millones
- Rodrigo Quintana, abogado consejero: $15,2 millones
- Ana María Hübner, presidenta del CDE: $15,1 millones
- Carlos Mackenney, abogado consejero: $15,1 millones
- Daniel Martorell, abogado consejero: $15,1 millones
- Paulina Veloso, abogada consejera: $15,1 millones
- Juan Peribonio, abogado consejero: $15,0 millones
- José Soto, abogado consejero: $14,9 millones
Las remuneraciones de los funcionarios del Consejo son las determinadas en la escala única de sueldos y en su ley orgánica, régimen especial que comparten otros servicios autónomos o de fiscalización en la administración del Estado.
Ante estos antecedentes, desde el CDE defendieron la legalidad de los montos, argumentando que se rigen por normativas específicas de su ley orgánica. Si bien el organismo se ampara en su régimen especial, el impacto de estas cifras en un contexto de estrechez fiscal abre un debate sobre la equidad salarial en la administración pública. Queda por ver si el Ejecutivo tomará medidas para revisar estos beneficios adicionales o si se mantendrá el esquema de pagos actual durante el resto del año.
