Tras el empate técnico que frenó su avance en el Senado, el Gobierno decidió tomar acción directa sobre el Subsistema de Inteligencia Económica. El ministro de la Secretaría General de la Presidencia, José García Ruminot, confirmó que el Ejecutivo ingresó una urgencia al proyecto, el cual contempla el polémico punto del levantamiento del secreto bancario, materia que actualmente enfrenta un escenario incierto en el Congreso.
La controversia se agudizó luego de que la Cámara Alta rechazara la norma tras un empate de 24 votos a favor y 24 en contra. Este resultado obligó a derivar la discusión a una Comisión Mixta. Ante esto, García Ruminot señaló que el objetivo del Gobierno es alcanzar un acuerdo que permita abordar el secreto bancario de manera más eficaz y rápida en el combate contra el crimen organizado.
¿Por qué el Gobierno insiste en la autorización judicial?
El secretario de Estado enfatizó que, para La Moneda, el marco constitucional que protege la vida privada de los ciudadanos sigue siendo innegociable. Por ello, ratificó que cualquier medida intrusiva, como el acceso a cuentas bancarias, debe contar con el respaldo de un tribunal.
Nosotros queremos mantener la autorización judicial, porque nos parece que es la manera de respetar el derecho a la privacidad, el derecho a la vida privada de las personas, que está, reitero, establecido en nuestra Constitución Política. Ese es el marco.
Aunque el Gobierno reconoce que la rapidez es vital para la eficacia de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), sostiene que el problema actual no radica exclusivamente en el permiso judicial. Según García Ruminot, las autorizaciones suelen ser rápidas, pero el proceso de remisión de información desde los bancos está tomando más tiempo del necesario, lo que resta efectividad al procedimiento.
Próximos pasos en la Comisión Mixta
El Ejecutivo ya prepara su hoja de ruta para la tramitación. El ministro Jorge Quiroz se encuentra recopilando antecedentes sobre legislación comparada internacional para aportar insumos técnicos a los legisladores. La idea es que estas evidencias permitan despejar las dudas pendientes y avanzar hacia una redacción que concilie la celeridad con el respeto a las garantías constitucionales.
Sobre los plazos, el titular de la Segpres evitó entregar fechas precisas, argumentando que el funcionamiento de la instancia depende exclusivamente de los tiempos que fije el Congreso. Sin embargo, aseguró que, una vez constituida la Comisión Mixta, el Gobierno estará listo para presentar las indicaciones necesarias. La urgencia ingresada busca presionar para que la resolución final sobre esta materia estratégica se concrete en el corto plazo, marcando un hito en la lucha contra los flujos financieros ilícitos en Chile.
