El exdirector del Servicio Nacional de Migraciones, Luis Thayer, salió al paso de los cuestionamientos realizados por Máximo Pavez, quien responsabilizó a la administración anterior por mantener cerca de 40 mil órdenes de expulsión sin ejecutar. Thayer defendió el desempeño del equipo bajo el mandato del presidente Gabriel Boric, asegurando que han sido la gestión más eficiente en la historia reciente en cuanto al procedimiento de dictar estas medidas administrativas.
¿Por qué hay órdenes de expulsión pendientes?
En una reciente entrevista con Radio Pauta, Thayer enfatizó que su gestión dictó 46 mil órdenes de expulsión, cumpliendo con la obligación legal del cargo. Según el sociólogo, cuestionar el volumen de decretos emitidos entre 2022 y 2025 como una señal de ineficiencia es, a su juicio, un error que desconoce la realidad operativa del sistema.
Dictar una expulsión es un acto administrativo que se hace de manera electrónica, mientras que la materialización requiere de traslado y operativos policiales.
El exdirector explicó que Chile posee una capacidad técnica limitada para materializar estas órdenes, cifrada entre 1.600 y 2.000 expulsiones anuales. Esta restricción se debe, principalmente, a factores de presupuesto, logística y capacidad operativa de la PDI, institución encargada de ejecutar los traslados. Actualmente, el presupuesto asignado para la compra de pasajes asciende a 4 mil millones de pesos, monto que establece un tope máximo de ejecución.
Comparativa internacional y gestión en frontera
Thayer comparó la situación local con estándares internacionales para explicar la complejidad del proceso. En Estados Unidos existen cerca de 1,5 millones de órdenes sin ejecutar, mientras que en Europa se materializa apenas el 20% de los decretos emitidos. Bajo esta lógica, el exdirector sostiene que Chile ha mantenido un ritmo eficiente considerando los recursos disponibles.
Sobre la gestión migratoria, el exfuncionario destacó logros específicos, como una baja del 50% en los ingresos irregulares desde 2022. Ante la frase de Pavez sobre un supuesto «cambio de mano» en la administración actual, Thayer matizó que, aunque existe un cambio en el tono comunicacional del Gobierno, las medidas de fondo como la inversión en el Sifron, la muralla digital para Carabineros y la presencia de las Fuerzas Armadas en la frontera son políticas de continuidad implementadas desde el año 2023.
Actualmente, el debate se centra en la eficacia de las políticas de continuidad versus las nuevas directrices gubernamentales. Se espera que en los próximos meses la discusión presupuestaria permita esclarecer si se incrementarán los fondos destinados a las expulsiones o si la estrategia se mantendrá bajo los mismos parámetros logísticos definidos por el servicio.
