El fin de una era en la Iglesia Ortodoxa
La Iglesia Ortodoxa de la Santísima Virgen María ha decidido aplicar una severa sanción contra su histórico párroco, Francisco Salvador Broussaingaray. Tras una investigación interna liderada por un comité disciplinario, se le han retirado todos sus derechos sacerdotales por un periodo de 10 años, prohibiéndole el uso de hábitos, insignias clericales y el ingreso al recinto ubicado en Providencia.
El proceso administrativo comenzó el 15 de marzo, cuando el religioso fue notificado de los cargos. A pesar de sus 26 años de trayectoria, la institución le imputó conductas que van desde insinuaciones sexuales y relaciones adúlteras hasta el mal uso de recursos parroquiales. Ante la presión, Salvador intentó tomar medidas drásticas, como cambiar las cerraduras de su oficina alegando temor a posibles robos.
Investigación y denuncias cruzadas
La investigación, impulsada por un decreto del monseñor Sergio Abad, expuso testimonios impactantes. Una de las víctimas relató cómo el exreverendo realizaba tocamientos indebidos, describiendo situaciones de acoso reiterado. Paralelamente, los investigadores detectaron un grave desorden financiero: el dinero proveniente de arriendos de locales y ofrendas dominicales habría sido desviado a cuentas personales para financiar viajes al extranjero o gastos de departamentos privados.
Además, el informe destaca una «confusión de patrimonios» y la falta de controles internos que permitieron incluso el pago de sueldos a familiares del acusado. A estas faltas se sumó la revelación de secretos de confesión. Según testimonios recogidos, Salvador compartía detalles íntimos sobre los pecados de sus feligreses, particularmente de mujeres rusas, haciendo comentarios denigrantes sobre sus vidas personales.
La postura de la defensa
Francisco Salvador intentó frenar el proceso mediante un recurso de protección, argumentando que las denuncias fueron fabricadas por una exfuncionaria a quien él mismo había desvinculado por irregularidades. Sin embargo, el recurso no tuvo éxito y la sanción se oficializó el pasado 25 de mayo.
Por su parte, su esposa, Lorena Yarad, ha defendido su inocencia desde que se destapó el caso. Yarad sostiene que el matrimonio ha sido un pilar fundamental para la parroquia durante décadas y niega categóricamente tanto los abusos como la apropiación de dinero, afirmando que incluso se han endeudado personalmente para mantener los sueldos del personal. Actualmente, el caso se encuentra en la Fiscalía Metropolitana Oriente, mientras se espera la llegada de un obispo extranjero para resolver el futuro definitivo del sacerdote.
