La diputada de Renovación Nacional (RN), Ximena Ossandón, marcó distancia frente a la acusación constitucional (AC) presentada contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau. En un escenario político tenso, la parlamentaria abogó por otorgar libertad de acción a los miembros de su partido, advirtiendo que el libelo podría volverse en contra de eventuales ministerios liderados por José Antonio Kast en el futuro.
En su intervención en el programa Desde La Redacción de La Tercera, la diputada reconoció sorpresa al ver las firmas de dos colegas de su propia bancada en el documento, dado que RN no había oficializado una postura institucional. «Para nosotros fue una sorpresa de cierta manera, porque pensamos que iba a haber una conversación previa, pero bueno, es un hecho que ya está», señaló, aunque defendió que cada legislador tiene la responsabilidad de definir su voto.
El riesgo del «tiro en el pie»
Más allá de la formalidad jurídica, Ossandón enfatizó en las consecuencias políticas de utilizar esta herramienta fiscalizadora. Según la legisladora, se debe verificar si existió una transgresión real a la Constitución antes de proceder, para evitar que el proceso se reduzca a una maniobra puramente política. Su principal preocupación es el precedente que se sienta para el próximo ciclo gubernamental.
Políticamente, a mí me parece que es un disparo en las piernas. Porque imagínate que con esta megarreforma, el día de mañana, el ministro Quiroz se equivoca en una predicción. Se recauda menos de lo que, incluso, hoy día muchos expertos están asegurando. Entonces, ¿lo vamos a acusar constitucionalmente?
La diputada advirtió que el sector no puede dejarse llevar por un electorado que aún mantiene una sensación de revancha, ya que esto podría transformarse en un boomerang. Recordó que, a partir de este jueves, los ministros susceptibles de ser acusados serán principalmente los colaboradores de un eventual mandato de Kast.
Finalmente, Ossandón instó a sus pares a actuar con extrema cautela y responsabilidad. La clave, según sostiene, es ponderar tanto los argumentos jurídicos como los riesgos estratégicos a largo plazo, advirtiendo que la herramienta de la acusación constitucional podría terminar perjudicando a quienes hoy la impulsan. Por ahora, el debate al interior de la derecha sigue abierto y sujeto a las definiciones de bancada que se tomarán en las próximas jornadas.