La advertencia de la UDI sobre el proyecto de sueldos protegidos
El proyecto de ley denominado «sueldos protegidos», presentado esta semana por la oposición, ha generado un intenso debate en el Congreso. Los diputados de la UDI, liderados por el presidente de la Comisión de Educación, Sergio Bobadilla, junto al parlamentario Ricardo Neumann, denunciaron que esta iniciativa busca evitar los embargos iniciados por la Tesorería General de la República (TGR) a las cuentas de quienes adeudan el Crédito con Aval del Estado (CAE).
La propuesta pretende modificar el Código del Trabajo para establecer la «inembargabilidad» de los sueldos, incluso cuando estos ya han sido depositados en el sistema financiero. Sin embargo, los legisladores oficialistas sostienen que este cambio legislativo es riesgoso y podría tener consecuencias imprevistas para el cumplimiento de otras obligaciones legales.
El riesgo para las pensiones de alimentos
Según los diputados Bobadilla y Neumann, el alcance de este proyecto podría terminar beneficiando a los denominados «papitos corazón». Al extender la inembargabilidad de las remuneraciones sin definir excepciones claras, los parlamentarios advirtieron que se crearía una barrera para el cobro de diversas deudas, entre las que destacan las pensiones de alimentos.
«Este proyecto de ley, tal como ha sido planteado, podría transformarse en el mejor regalo que reciban los ‘papitos corazón’ de nuestro país, quienes durante años eludieron sus obligaciones legales y hoy, con esta iniciativa, podrían volver a hacerlo», señalaron los legisladores.
Un debate por la responsabilidad legal
Los diputados de la UDI calificaron la propuesta como «irresponsable» y señalaron que, bajo el argumento de proteger los salarios de quienes mantienen deudas con el CAE, se corre el riesgo de debilitar un sistema que ha sido clave en la recaudación de fondos para menores. Al respecto, recordaron que los esfuerzos legislativos previos han permitido retener más de $2,5 billones de pesos destinados a pensiones de alimentos.
Si bien los parlamentarios expresaron su respaldo a las acciones de cobro que la TGR ha ejecutado contra deudores del CAE que perciben ingresos superiores a los $3,5 millones mensuales, insistieron en que el proyecto opositor abre una «peligrosa puerta». Finalmente, acusaron que la redacción actual de la norma termina favoreciendo a los padres irresponsables con el «gentil auspicio» de sectores de izquierda.
