La postura del Partido Republicano ante la polémica del CAE
En medio de las críticas por los recientes embargos ejecutados por la Tesorería General de la República por deudas del Crédito con Aval del Estado (CAE), el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, marcó una postura clara. El timonel de la colectividad y senador calificó la situación como una consecuencia directa de la «irresponsabilidad de años de las autoridades pasadas».
Según Squella, durante mucho tiempo existió un discurso político que fomentaba el no pago, sugiriendo erróneamente que el beneficio sería condonado. «Haciendo llamados casi explícitos a que dejaran de pagar, era realmente insólito», señaló el parlamentario en conversación con Radio Infinita, enfatizando que hoy el Estado tiene la obligación de recuperar esos recursos para financiar proyectos sociales que han quedado postergados por la falta de recaudación.
Cuestionamientos a los embargos bancarios
Ante las denuncias de usuarios que afirman que la Tesorería retuvo la totalidad de sus remuneraciones, incluso cuando estas son inferiores a los $3,5 millones, el senador pidió cautela. Si bien sostuvo que es necesario corregir errores si el procedimiento ha sido abusivo, fue tajante al criticar la cultura del no pago: «No puede ser que cuando se le debe al Estado simplemente opere el espíritu santo. La persona que se le ocurrió un día que, quizás, tal vez, tenía que pagar, sean los únicos que pagan».
Llamado a revisar las facultades de la Tesorería
Más allá de la defensa del cobro de la deuda, Squella reconoció que le ha llamado «la atención la atribución de Tesorería» para ejecutar este tipo de medidas extremas. Por ello, lanzó un desafío abierto a sus pares en el Congreso Nacional.
«Si es que hay personas que están escandalizadas con esta atribución, yo los invito a que nos juntemos ahora mismo, hoy día, en el Congreso Nacional, a estudiar cómo derogamos esa atribución que a mi juicio está sobredimensionada», declaró el senador. Este debate se desarrolla en un contexto donde el Partido Republicano mantiene una agenda estricta, incluyendo la reciente acusación constitucional contra el exministro Nicolás Grau, impulsada por diputados de diversas bancadas como el PDG y RN, tema sobre el cual el líder republicano José Antonio Kast ha solicitado votar cada asunto según su propio mérito.