En el marco de la denominada “Operación Tokio”, que indaga el multimillonario lavado de activos del Tren de Aragua en Chile, la Fiscalía Sur junto a la PDI ejecutaron un nuevo allanamiento en dependencias del BancoEstado. El operativo policial se concentró este martes en la sucursal ubicada en la intersección de Huérfanos con Morandé, en pleno centro de Santiago.
La diligencia judicial se origina tras revelarse que una ejecutiva de la entidad bancaria mantenía nexos directos con la organización criminal. La implicada fue identificada como Rossana Magdalena Blanco Blanco, una ciudadana venezolana que prestaba servicios en el banco a través de una empresa externa. El vínculo quedó al descubierto durante la reciente formalización de 17 imputados vinculados a la banda.
Detalles de la investigación y otros implicados
El fiscal regional Metropolitano Sur, Héctor Barros, explicó que la participación de la mujer fue expuesta por su propia defensa durante la audiencia. Según los antecedentes recabados por el Ministerio Público, Rossana Blanco no solo habría facilitado el actuar delictivo, sino que cumplía roles específicos dentro de la estructura criminal:
Las labores de la imputada incluían la extorsión sistemática a las víctimas del Tren de Aragua, además de ejercer presión para obligar a mujeres a involucrarse en el comercio sexual.
Este caso no es un hecho aislado, ya que Rossana Blanco se suma al listado de funcionarios bancarios vinculados a la investigación. Previamente, se confirmó la detención de José Carlos Pérez Asencio, ejecutivo del Banco Santander de nacionalidad venezolana. Según la fiscalía, Pérez Asencio habría gestionado movimientos de dinero ilícito para favorecer a la organización criminal de origen venezolano.
Impacto y estado judicial
El grupo desbaratado la semana pasada durante la “Operación Tokio” es investigado por un esquema de lavado de activos que alcanzaría cifras superiores a los $75 mil millones. La relevancia de estas detenciones radica en la infiltración de trabajadores del sistema financiero formal para facilitar el flujo de capitales provenientes de delitos violentos.
Actualmente, el proceso se encuentra en fase de investigación activa y la Fiscalía continúa recopilando antecedentes. Cabe recordar que, conforme al Artículo 04 del Código Procesal Penal, los involucrados son considerados inocentes hasta que una sentencia judicial firme determine lo contrario, existiendo la posibilidad de que los cargos sean modificados o desestimados al concluir las diligencias.
