El caso que marcó un precedente
La obtención de la nacionalidad chilena se convirtió en un calvario para Frédéric Le Baux, su esposa Bénédicte Gizard y su hijo Louis. La familia de origen francés, residente en el país, decidió llevar su caso ante la Corte de Apelaciones de Santiago tras enfrentar una espera de 500 días en la tramitación de sus solicitudes. Este periodo supera con creces el plazo legal de referencia, que está fijado en 180 días.
El grupo familiar presentó un recurso de protección contra el Servicio Nacional de Migraciones, el Ministerio del Interior y el Presidente de la República. La acción judicial buscaba denunciar la demora excesiva en la respuesta por parte de las autoridades, considerando que los ingresos de sus expedientes se realizaron entre septiembre y octubre de 2024.
¿Qué resolvió la Corte de Apelaciones?
La justicia acogió parcialmente el recurso interpuesto por la familia. Si bien el tribunal no ordenó la entrega inmediata de la nacionalidad ni forzó una resolución favorable, dictaminó que el Servicio Nacional de Migraciones debe avanzar en la tramitación dentro de un plazo máximo de 60 días hábiles desde que el fallo quede firme.
El fallo fue tajante al señalar que la demora vulneró principios esenciales del derecho administrativo, como la celeridad y la economía procedimental. Según los magistrados, el tiempo transcurrido es excesivo y genera una diferencia de trato injustificada respecto a otros solicitantes que sí reciben respuestas en plazos razonables.
Requisitos cumplidos
Durante el proceso judicial, la familia argumentó que cumplen cabalmente con todos los requisitos exigidos por la legislación vigente para optar a la nacionalización. Esto incluye:
- Más de cinco años de residencia comprobada en Chile.
- Demostración de medios de vida propios.
- Ausencia total de antecedentes penales.
Por su parte, el Servicio Nacional de Migraciones se limitó a informar ante el tribunal que las peticiones se mantenían bajo proceso de análisis. Tras la sentencia, el organismo estatal ahora tiene la obligación legal de destrabar el expediente y emitir una resolución definitiva sobre la situación migratoria de los Le Baux-Gizard.
