Esta semana se perfila como un periodo decisivo en la discusión legislativa sobre el proyecto de ley presentado por el Ministerio de Hacienda, el cual busca autorizar un aumento de la deuda pública de US$6.200 millones para este año. La iniciativa ha generado una ola de críticas y alertas técnicas debido al delicado estado de las finanzas públicas en Chile.
Mientras desde el oficialismo y diversos sectores de la administración actual insisten en señalar que esta situación responde a una herencia recibida del gobierno anterior, la oposición planea subir el tono. Algunos parlamentarios buscan que la ex directora de Presupuestos, Javiera Martínez, explique ante el Congreso los motivos detrás de la sobreestimación de cifras observada durante la elaboración del Presupuesto 2026.
El rol del Consejo Fiscal Autónomo
La mirada técnica será fundamental durante los próximos días, ya que el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) ha sido citado a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados para exponer su análisis. Durante su reciente Cuenta Pública, la presidenta del organismo, Paula Benavides, fue enfática al advertir sobre la urgencia de mantener la deuda bajo control.
El menor dinamismo del crecimiento en los últimos años, junto con los incumplimientos de la regla de balance estructural, han situado al país en una posición más compleja dentro del grupo de economías comparables.
Benavides reiteró que la meta crítica es evitar que la deuda supere el 45% del PIB, un umbral que las autoridades buscan respetar para no comprometer la estabilidad económica a largo plazo.
Los riesgos del sobreendeudamiento
Para Emilio Venegas, socio líder de Advisory de BDO Chile, el panorama es preocupante. El experto sostiene que es un error superar el nivel prudente de endeudamiento en momentos donde la economía atraviesa dificultades, ya que esto limita el crecimiento y reduce la capacidad de respuesta estatal ante futuras emergencias.
“Entre más alto es un porcentaje de endeudamiento, más alto es el nivel de riesgo de un país. Por ejemplo, si viniese otro Covid, no tendríamos mucho más espacio para emitir más deuda”, explicó Venegas. Según su análisis, el país carece de margen de maniobra suficiente ante escenarios de crisis imprevistas.
Acuerdos políticos y la postura de la CUT
En el plano político, el escenario parece decantar tras las negociaciones. Representantes del Partido Nacional Libertario (PNL), quienes inicialmente rechazaron la propuesta, confirmaron que otorgarán sus votos tras alcanzar un acuerdo con el ministro Jorge Quiroz. Dicho pacto establece, entre otros puntos, que no habrá más reajustes para el sector público que superen el IPC.
Esta decisión provocó el inmediato rechazo de Gabriela Farías, vicepresidenta nacional de la CUT y encargada de las secretarías del sector público. La dirigenta calificó el acuerdo como un error y enfatizó que los trabajadores públicos no pueden ser tratados como un gasto sujeto a ajustes según conveniencias políticas coyunturales. Con los votos asegurados, la tramitación se encamina hacia su fase final, dejando abierta la interrogante sobre si estas restricciones presupuestarias serán suficientes para estabilizar las arcas fiscales en el futuro próximo.
