Un contundente golpe contra el crimen organizado se concretó tras un operativo simultáneo de la Policía de Investigaciones (PDI) y el Ministerio Público. La acción policial permitió la detención de 56 personas involucradas en una red dedicada a la comercialización ilegal de recursos hidrobiológicos, un negocio que operaba en al menos cinco regiones del país.
El despliegue incluyó 61 entradas y registros en diversos domicilios, donde se incautaron vehículos, inmuebles y dinero en efectivo. Según antecedentes obtenidos por Radio Bío Bío, la estructura criminal contaba con la complicidad activa de tres funcionarios de Carabineros, un trabajador de Sernapesca y un funcionario municipal de Valdivia, quienes facilitaban la logística delictiva.
El modus operandi: ¿cómo funcionaba la red?
La organización, consolidada tras investigaciones iniciadas en 2024, operaba bajo tres estructuras organizadas. El proceso comenzaba en Calbuco, Región de Los Lagos, donde se adquirían los productos del mar sin acreditar su origen legal. Posteriormente, mediante estrategias nocturnas, la carga era trasladada hacia Valdivia para eludir fiscalizaciones.
La red contaba con una red de informantes, entre ellos cinco trabajadoras del peaje Troncal La Unión, quienes alertaban sobre la presencia de controles en la ruta. Una vez en Los Ríos, los recursos se vendían en puntos clave como el Mercado Municipal y la Feria Fluvial de Valdivia, además de distribuirse en la Región Metropolitana, La Araucanía y Los Lagos.
Cifras millonarias y evasión fiscal
El análisis de la Brigada Investigadora de Lavado de Activos (Brilac) de Valdivia reveló una preocupante brecha financiera. Entre 2023 y 2024, la banda movió más de $8.811 millones, mientras que ante el Servicio de Impuestos Internos solo declararon $550 millones. Esto arroja una diferencia de $8.261 millones no tributados.
El patrimonio acumulado por los imputados incluye:
- 29 vehículos avaluados en más de $581 millones.
- Cuatro inmuebles con un avalúo cercano a los $395 millones.
- Un gimnasio en Valdivia valorizado en cerca de $100 millones.
La causa contempla delitos de asociación criminal, lavado de activos, falsificación de instrumento público, cohecho e infracciones a la Ley General de Pesca y Acuicultura. Se espera que durante esta tarde la PDI y la fiscalía entreguen más detalles sobre las formalizaciones que marcarán el inicio del proceso judicial contra los involucrados.
