El Juzgado de Garantía de Viña del Mar dio curso a una acción judicial que sacude al Ministerio de Vivienda. El tribunal declaró admisible la querella criminal presentada por la entidad Social Arquitectura contra el ministro Iván Poduje, en el marco de la compleja paralización de obras y demolición de viviendas en el sector El Olivar.
La denuncia no solo apunta a la autoridad ministerial. La querella criminal también incluye al seremi de Vivienda de Valparaíso, Marcelo Ruiz, y al director subrogante del Serviu regional, Rodrigo Muñoz. Los delitos imputados por la entidad son graves y específicos: abuso de poder, falsificación de documentos y fraude al Fisco.
El origen del conflicto en El Olivar
¿Qué motivó esta acción legal tras el megaincendio de febrero de 2024? La entidad Social Arquitectura acusa a las autoridades de haber ejercido sus facultades para excluir tanto a su organización como a la Constructora San Sebastián de los proyectos de reconstrucción destinados a 356 familias damnificadas por la catástrofe.
Según los antecedentes entregados al tribunal, se habrían dictado resoluciones administrativas sin un sustento legal sólido. El objetivo de estas medidas, según los querellantes, habría sido justificar la terminación abrupta de los contratos de construcción y la posterior orden de demolición de las estructuras que estaban siendo levantadas en el terreno.
La postura del Ministerio de Vivienda
Ante la arremetida judicial, desde el Ministerio de Vivienda han negado categóricamente cualquier ilícito. El ministro Iván Poduje defendió el actuar de su cartera, argumentando que las viviendas presentaban graves deficiencias constructivas que hacían inviable su continuidad.
El ministro Poduje aseguró que existen informes técnicos que respaldan la paralización de las obras, además de acciones judiciales impulsadas por la propia cartera contra las empresas involucradas.
Tras la resolución dictada este lunes, el tribunal remitió todos los antecedentes al Ministerio Público. Será la Fiscalía la encargada de liderar la etapa investigativa, analizando las pruebas presentadas por Social Arquitectura y determinando las diligencias necesarias para esclarecer si existieron o no irregularidades en los procesos de reconstrucción en la Región de Valparaíso.
