Ante las crecientes denuncias de deudores que vieron sus cuentas bancarias vaciadas por la Tesorería General de la República (TGR), el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, se refirió al complejo escenario que enfrentan los morosos del Crédito con Aval del Estado (CAE). El secretario de Estado señaló que está dispuesto a conversar con el organismo recaudador para buscar una alternativa distinta en aquellos casos donde los afectados perciban ingresos mensuales inferiores a los 3,5 millones de pesos.
La controversia surgió tras el proceso de recuperación de fondos impulsado por la cartera de Hacienda. Diversos usuarios han reportado la pérdida de la totalidad de sus ahorros, lo que motivó las explicaciones del ministro. Según Quiroz, el CAE representa un esfuerzo financiero significativo para el país: “El CAE es un crédito que se le entregó a las personas con un esfuerzo de todos los chilenos. A través de sus impuestos, a través del IVA, en fin, entregaron este crédito. Y este crédito lamentablemente no fue pagado por mucha gente”.
La justificación tras los embargos y la cifra de deudores
El titular de Hacienda enfatizó en el impacto fiscal de la morosidad, detallando que el Gobierno de Chile debe desembolsar anualmente 500 millones de dólares para cubrir los pagos a la banca, ya que el Estado es quien finalmente asume la pérdida. De acuerdo con las cifras entregadas, hace aproximadamente 90 días se hizo un llamado masivo a regularizar los pagos, proceso que permitió que cerca de 30 mil personas se acercaran a la TGR para poner sus cuentas al día.
En contraste con ese grupo, el ministro precisó que han sido menos de 1.500 las personas embargadas. “Una buena parte de esos son sueldos arriba de tres millones y medio de pesos al mes, de personas que, teniendo su ingreso, no se han acercado. Gente que gana más de cinco millones de pesos al mes también”, remarcó el secretario de Estado.
¿Qué pasará con quienes ganan menos de $3,5 millones?
Si bien Quiroz intentó esclarecer que la mayoría de las medidas coercitivas han recaído sobre segmentos de altos ingresos, no descartó que existan personas con sueldos menores afectados por el retiro total de sus fondos. Frente a este escenario, el ministro comprometió una gestión directa ante la Tesorería:
Si hubiera gente por debajo de los tres millones y medio, yo voy a conversar con Tesorería para ver de qué modo se les puede buscar una solución distinta.
A pesar de esta apertura, el jefe de Hacienda mantuvo la postura de que “las deudas se pagan” y llamó a los ciudadanos a acercarse a reprogramar, asegurando que existen facilidades y comprensión en los plazos. Finalmente, adelantó que el proyecto de reconstrucción contempla un artículo especial para las reprogramaciones de deudas en la Tesorería, herramienta que se espera alivie la situación de los deudores mientras el Gobierno mantiene su política de cobro ordenado.
