La diputada Irací Hassler (PC) inició una acción judicial contra el actual alcalde de Santiago, Mario Desbordes (ex RN), interponiendo una querella por el delito de denuncia calumniosa. La parlamentaria sostiene que el edil busca reinstalar, tanto en tribunales como en la opinión pública, una controversia sobre la compra del edificio Sierra Bella que ya cuenta con un cierre definitivo por parte de la justicia.
Según el equipo jurídico de la diputada, esta nueva arremetida no aporta antecedentes inéditos. Aseguran que se fundamenta en datos que fueron objeto de una exhaustiva investigación por parte del Ministerio Público durante más de dos años, proceso que terminó con un sobreseimiento definitivo al descartarse la existencia de delitos en la fallida compra que buscaba habilitar un recinto de salud con rapidez.
¿Por qué Hassler acusa una persecución sistemática?
Para la defensa de Hassler, insistir en este proceso es una maniobra con trasfondo político. La exalcaldesa denunció una “persecución política sistemática” destinada a manipular el sistema judicial. Sobre este punto, la diputada declaró:
“Es lamentable que el alcalde Desbordes busque reinstalar una discusión que ya fue resuelta por la justicia. La causa Sierra Bella fue objeto de una amplia investigación que se prolongó por más de dos años y concluyó con el sobreseimiento, dado que los hechos no constituyeron delito alguno”.
El abogado Miguel Schürmann, representante de Hassler, reforzó esta postura argumentando que las acciones de Desbordes vulneran principios básicos del derecho, como la cosa juzgada y la prohibición de doble persecución. “Resulta vergonzoso que el alcalde Desbordes intente reinstalar una discusión que ya fue resuelta por la justicia (…) lo mínimo que uno puede esperar de las autoridades públicas es respetar las instituciones. Aquí simplemente se está burlando del accionar de la justicia”, señaló el penalista.
El debate sobre el informe de Contraloría
Otro punto de fricción es la interpretación de los informes de Contraloría. Desde el entorno de Hassler aclaran que el ente contralor no exigió acciones penales, puesto que ya estaba en conocimiento de que el caso había sido resuelto en esa arista. “Al contrario, la Contraloría sabía que estos hechos ya fueron investigados penalmente, por eso distingue entre responsabilidad administrativa y penal, sabiendo que sobre esta última hay cosa juzgada”, explicó Schürmann.
Desde la defensa de la diputada recuerdan que el objetivo original de la adquisición de Sierra Bella era reducir los plazos de habilitación de recintos de salud —que en el modelo tradicional pueden superar la década— a un periodo de aproximadamente un año, respondiendo a la urgencia pospandemia. El caso, aunque cerrado penalmente, persiste en el plano administrativo. La disputa actual se centra en si las acusaciones de Desbordes poseen sustento jurídico o si son, como califica la parte querellante, una estrategia meramente comunicacional, considerando además que la clínica ya está bajo administración municipal y los funcionarios involucrados en la época ya no ejercen sus cargos.
