El alcance de la red criminal
La denominada Operación Tokio permitió desarticular un complejo esquema financiero que facilitó el lavado de $75 mil millones para una facción del Tren de Aragua que opera en Chile. La investigación, liderada por la Fiscalía Metropolitana Sur y mantenida bajo reserva, culminó tras una extensa audiencia de formalización de diez horas donde se presentaron cargos por asociación criminal, lavado de activos y extorsión.
Perfiles de los imputados
La red contaba con integrantes de perfiles diversos, desde empresarios hasta trabajadores del sector financiero. Entre ellos destaca Bárbara Hernández, ciudadana venezolana identificada como promotora de eventos. Según los informes, ella ocupaba una posición jerárquica clave y la información extraída de su teléfono celular fue determinante para desentrañar los nexos financieros de la organización.
El sector bancario también resultó involucrado. José Carlos Pérez, ejecutivo del Banco Santander, fue formalizado tras detectarse sus conexiones mediante el análisis de comunicaciones y movimientos de capital. De manera similar, una ejecutiva del Banco Estado figura entre los 17 imputados. Por otro lado, el ciudadano venezolano Óscar Delgado Guerrero (41 años) fue señalado como figura central en Bexdigital, una de las llamadas ‘empresas de papel’ que habrían lavado cerca de $58 mil millones desde 2022. Delgado, quien ya cumple prisión preventiva, fue el primer formalizado en el caso.
Liderazgo y conexiones regionales
El fiscal regional Metropolitano Sur, Héctor Barros, explicó que la estructura sigue siendo dirigida desde el extranjero por Carlos «Bobby», quien permanece en prisión preventiva en Colombia. A él se suma el sujeto conocido como «Yefri», quien continúa operando fuera de Chile. La pista que llevó a este operativo surgió de investigaciones previas, incluyendo la masacre de Lampa ocurrida en 2024, que permitió seguir la ruta del dinero hasta esta red.
Resultados de las cautelares
El tribunal decretó medidas cautelares para los 17 involucrados: 14 quedaron en prisión preventiva, dos sujetos con arresto domiciliario total y arraigo nacional, mientras que una mujer de 80 años fue sentenciada a arresto nocturno y arraigo nacional. El caso representa uno de los mayores golpes financieros contra el crimen organizado en el país.
