A pocos días de su presentación formal en la Cámara de Diputadas y Diputados, El Reporte Diario accedió al texto íntegro de la acusación constitucional que las bancadas del Partido Republicano y el sector de los Libertarios impulsarán este lunes contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau.
El documento, que se extiende por 40 páginas, sostiene una premisa fundamental: las inconsistencias en las proyecciones fiscales heredadas tras el gobierno de José Antonio Kast no fueron errores fortuitos, sino advertencias ignoradas sobre problemas en las estimaciones elaboradas por la cartera de Hacienda en dicho periodo.
El rol de los organismos técnicos en la acusación
El libelo acusatorio pone especial énfasis en el actuar de entidades clave. Una parte central del texto compila observaciones del Consejo Fiscal Autónomo (CFA), organismo que habría alertado sobre presiones de gasto para el año 2026 que carecían de financiamiento identificado, sumado a constantes advertencias sobre los riesgos que enfrentaban las cuentas públicas.
La argumentación se refuerza con informes del Fondo Monetario Internacional (FMI) incorporados como prueba. El organismo internacional habría advertido específicamente sobre los riesgos de sobreestimar los ingresos fiscales, recomendando urgentemente elevar la transparencia y la trazabilidad en los mecanismos que utilizaba el Ministerio de Hacienda para proyectar el erario nacional.
La cifra del conflicto y la responsabilidad política
El origen de esta ofensiva radica en las correcciones que el actual gobierno aplicó al Informe de Finanzas Públicas del cuarto trimestre de 2025. El documento sostiene que las nuevas autoridades detectaron inconsistencias críticas entre la trayectoria del déficit fiscal y la evolución de la deuda pública prevista para el lapso 2026-2030.
La brecha detectada ascendería a unos US$10.500 millones, cifra que se ha transformado en el eje del cuestionamiento contra el exsecretario de Estado. Además, los acusadores denuncian una subestimación deliberada del déficit proyectado para 2026 y la omisión de compromisos de gasto que, según el texto, ya eran conocidos al momento de realizar las estimaciones oficiales.
¿Quién debe responder por las proyecciones?
Un punto clave que busca zanjar el libelo es la cadena de mando. Ante la defensa de Nicolás Grau, quien ha argumentado sobre la complejidad técnica de las proyecciones, el documento dedica varios apartados a recalcar que la Dirección de Presupuestos (Dipres) depende jerárquicamente de Hacienda. Bajo esta lógica, los firmantes sostienen que Grau tenía la obligación ineludible de supervisar y responder políticamente por los antecedentes utilizados.
Con el ingreso de la acusación este lunes, se inicia un proceso legislativo incierto. El éxito de esta estrategia política no solo dependerá de los argumentos técnicos, sino de la capacidad de los impulsores para convencer a los parlamentarios de Chile Vamos de respaldar una ofensiva que busca transformar una controversia fiscal en una sanción constitucional contra una exautoridad de Hacienda.
