En el marco de su visita a la Región de Arica y Parinacota, el Presidente José Antonio Kast lanzó una ofensiva legal contra la migración irregular. Desde el Complejo Fronterizo Chacalluta, el mandatario detalló dos iniciativas legislativas orientadas a fortalecer la seguridad en la zona norte y gestionar con mayor eficacia las expulsiones de extranjeros que infringen la normativa migratoria.
Durante la actividad, donde también inspeccionó los avances del “Plan Escudo Fronterizo” —que integra vigilancia activa, zanjas y refuerzos de seguridad—, el jefe de Estado subrayó la urgencia de actualizar las herramientas del sistema. Estos anuncios surgen en un contexto político donde la aprobación del mandatario alcanzó un 43% en la encuesta Cadem, su mejor cifra desde el 24 de marzo.
Extensión del plazo de retención a 60 días
El primer proyecto del Ejecutivo busca una reforma constitucional clave: ampliar el tiempo de retención de los migrantes con orden de expulsión vigente. Actualmente, la ley permite mantener a estas personas bajo custodia por un máximo de cinco días; de no concretarse la salida del país, deben ser liberadas, reiniciando todo el proceso administrativo.
Al respecto, Kast fue enfático: “Hay cinco días donde la pueden tener retenida. Pasado ese plazo, si no ha sido expulsada, tienen que dejarla nuevamente en libertad y se inicia todo el procedimiento nuevamente. Eso tiene que terminar”. La propuesta apunta a elevar dicho periodo a 60 días, con posibilidad de prórroga, buscando que las expulsiones sean efectivas y no queden truncas por plazos legales acotados.
Penalización al traslado de migrantes
La segunda medida se traduce en una modificación directa al Código Penal. El objetivo es tipificar como delito el traslado de inmigrantes que se encuentran en situación irregular dentro del territorio nacional. La iniciativa no solo busca perseguir a quienes faciliten el desplazamiento de estas personas, sino que incorpora agravantes penales para sancionar a los responsables.
“Lo que estamos planteando es una modificación al Código Penal para que también se constituya como delito, y con agravante, el trasladar a inmigrantes irregulares”, explicó el Presidente. Según las autoridades, este cambio legal permitirá desarticular con mayor rigor las redes que operan en las zonas fronterizas y que facilitan el movimiento de migrantes fuera de los cauces legales. En paralelo a esta agenda, otros temas como la auditoría a Becas Chile, que registra una deuda de $100 mil millones por incumplimientos, y la implementación del permiso laboral para exámenes preventivos, siguen en el foco del debate público.
