Una intensa jornada de manifestaciones se vivió este sábado en las comunas de Penco, Tomé y Lirquén. Cerca de 200 personas se congregaron para expresar su férreo rechazo al proyecto minero Tierras Raras, cuya tramitación entra en una etapa decisiva durante los próximos días.
La movilización, que se desarrolló sin autorización, recorrió distintos puntos de la zona y finalizó en Lirquén con un acto cultural. El descontento de la comunidad surge ante la inminente votación del próximo lunes 8 de junio, fecha en la que la Comisión de Evaluación Ambiental (Coeva) deberá decidir el futuro de la iniciativa.
Preocupación por el impacto ambiental
La comunidad teme las consecuencias irreversibles que la faena extractiva podría dejar en el ecosistema local. Herna Nancucheo, dirigenta de la Asociación Antukakuyen, fue enfática en señalar el daño que, a su juicio, sufrirá el patrimonio natural de la zona:
Es un proyecto que nos va a afectar a todos, nosotros en Penco tenemos mucha medicina, hay mucho lawen aquí y este proyecto realmente nos está afectando porque nos está matando lo nuestro, que es la naturaleza. Además, con el impacto que van a hacer aquí van a destruir todo lo nuestro, nuestro mar, nuestro ambiente y nosotros no queremos que nos vengan a hacer más daño otras empresas que vienen de afuera.
Detalles del proyecto y proceso de votación
El proyecto, cuya presentación data de 2018, llega a esta instancia tras obtener una recomendación de voto favorable por parte del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA). El Informe Consolidado de Evaluación sostiene que la empresa ha subsanado errores detectados en etapas previas, comprometiendo medidas de mitigación y la restauración de las superficies de extracción con especies nativas tras el cierre de las faenas.
La votación será encabezada por el delegado presidencial del Bío Bío, Julio Anativia, junto a los seremis de las carteras de Medio Ambiente, Salud, Economía, Obras Públicas, Agricultura, Vivienda, Energía, Minería y Transportes.
En caso de que el resultado sea favorable para la empresa, el proceso administrativo no termina ahí. La normativa contempla un plazo de 30 días para que la ciudadanía presente reclamaciones, etapa previa a una eventual votación definitiva ante el Comité de Ministros. ¿Logrará la presión ciudadana incidir en la decisión de las autoridades este lunes?
