Un proceso judicial en la recta final
La justicia peruana ha sacudido el escenario electoral este viernes, apenas 48 horas antes de la segunda vuelta presidencial. El juez Adolfo Farfán dictó auto de enjuiciamiento contra el candidato izquierdista Roberto Sánchez Palomino, tras una audiencia virtual que se extendió por dos días. El aspirante presidencial es acusado por presunta declaración falsa en el financiamiento de su partido político, hechos que habrían ocurrido hace aproximadamente seis años.
El magistrado Farfán fue claro al señalar: «Díctese auto de enjuiciamiento, en consecuencia declárase haber mérito para pasar a juicio oral contra Roberto Sánchez Palomino». La Fiscalía peruana, que sostiene la acusación, solicitó una pena de cinco años y cuatro meses de prisión, manifestando su conformidad con la resolución del tribunal. Por su parte, la defensa legal del candidato ya confirmó que interpondrá un recurso de apelación dentro del plazo legal de una semana.
Detalles de la acusación financiera
Según la investigación fiscal, existen inconsistencias en los reportes financieros del partido Juntos por el Perú. Se habrían detectado irregularidades en las campañas para los comicios regionales y municipales en los que Sánchez participó entre 2018 y 2020. En concreto, el Ministerio Público sostiene que el candidato recibió más de 57.000 dólares de integrantes de su movimiento político, fondos que nunca fueron declarados ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).
A pesar de la gravedad de la medida, la orden judicial no afectará la participación de Sánchez en el balotaje del domingo frente a la derechista Keiko Fujimori, hija del exmandatario Alberto Fujimori. Debido a que el proceso se encuentra en etapa de apelación, el candidato sigue en carrera. Además, la Constitución peruana otorga inmunidad presidencial, por lo que si Sánchez resulta electo, su situación procesal se vería blindada constitucionalmente.
La defensa del candidato y el contexto país
Sánchez ha rechazado tajantemente las acusaciones. En abril, a través de la red social X, escribió: «Durante años han intentado instalar una mentira para desacreditarme políticamente». El político asegura que este caso había sido archivado en 2025 por un tribunal ante la falta de pruebas sobre el delito de fraude. A pesar del proceso, el aspirante mantuvo su agenda y participó virtualmente en la audiencia poco antes de su cierre de campaña en Lima.
El contexto de estas elecciones está marcado por una profunda inestabilidad política, con un registro de ocho presidentes desde 2016, y un notable auge de la delincuencia. En este escenario, Sánchez busca posicionarse como la voz de los sectores rurales y los pobres, mientras cuestiona la influencia de Fuerza Popular, el partido de Fujimori. En sus últimas declaraciones, el candidato ha abogado por recuperar el equilibrio de poderes y regular la vacancia presidencial por «incapacidad moral permanente», una figura que, a su juicio, ha causado un desgobierno constante en el país.
Relaciones internacionales y estabilidad
En un giro hacia la moderación para captar votantes conservadores, Sánchez ha suavizado su discurso radical. El viernes, aseguró a la agencia AFP que pretende establecer relaciones respetuosas con los Estados Unidos y el presidente Donald Trump. «La buena vecindad y las relaciones respetuosas entre las naciones son una prioridad. Perú no puede ser la excepción», afirmó el candidato sobre su futura vocación de gobierno, alejándose de las posturas de confrontación que marcaron el inicio de su trayectoria.
