El punto de conflicto con los bancos
El fiscal nacional, Ángel Valencia, puso el foco este viernes en las dificultades que enfrenta el Ministerio Público al solicitar información financiera. En entrevista con Radio Universo, la autoridad señaló que la Operación Tokio —que desarticuló una red de lavado de activos del Tren de Aragua y derivó en la detención de un ejecutivo bancario— dejó en evidencia problemas operativos críticos.
Según Valencia, las trabas no pasan solo por la normativa, sino por la demora y el formato en que los bancos entregan los datos requeridos. Esta discusión cobra relevancia tras los dos empates consecutivos registrados el pasado miércoles en el Senado respecto al proyecto de levantamiento del secreto bancario, parte integral del Subsistema de Inteligencia Económica, que será votado nuevamente la próxima semana.
¿Intimidad o transparencia en el sector público?
Para el jefe del Ministerio Público, el debate sobre el secreto bancario debe distinguir entre la protección de la intimidad de las personas y la opacidad de los organismos del Estado. Valencia cuestionó abiertamente la figura actual: «Si esto tiene por objeto proteger la intimidad, nos preguntamos ¿cuál es la intimidad que tienen las corporaciones municipales, los municipios, las empresas del Estado, los ministerios en sus cuentas corrientes bancarias?»
En este sentido, el fiscal fue tajante al afirmar que «no advertimos que tengan una privacidad equivalente a la que tenemos nosotros en nuestras vidas personales, cuando se trata de instituciones públicas». Actualmente, la fiscalía debe gestionar múltiples autorizaciones para indagar estas entidades, un proceso que Valencia busca agilizar.
El problema de la entrega de información
Sobre las investigaciones que afectan a personas naturales, el persecutor reconoció que existen casos aislados donde jueces rechazan medidas de revisión de cuentas, aunque aclaró que «no es el problema más frecuente que enfrentamos».
La mayor traba, según Valencia, se concentra en la capacidad de respuesta de la banca: «Apuntamos a los inconvenientes con la rapidez y la oportunidad con la que los bancos nos entregan la información, cuánto se demoran, y además el formato en que nos la entregan». Finalmente, el fiscal reiteró que es responsabilidad del Congreso definir los límites precisos de este derecho a la intimidad para evitar que actúe como un escudo innecesario.
